La corrupción en los procesos de licitación es uno de los principales obstáculos para el desarrollo en materia de obra ya que los servidores públicos privilegian más los favoritismos y los factores políticos sobre los aspectos estrictamente profesionales, de acuerdo con el Índice de Confianza del Constructor.
Dicho estudio señala que el 65 por ciento de los constructores considera que existen obstáculos para el desarrollo en materia de obra, los cuales están relacionados con la falta de transparencia en los procesos de licitación, siendo éste el principal obstáculo que ven.
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Así lo expuso el diputado del Partido del Trabajo (PT) Miguel Ángel Peña Flores, ante el pleno del Congreso local señalando que los pagos irregulares y sobornos, inhiben el desarrollo de negocios y resta competitividad.
Expuso que en la legislación estatal existe la figura de testigo social en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del estado y se reconoce su participación en los procedimientos de adquisiciones cuando el monto de la licitación sea mayo a las 300 mil veces el valor de la UMA (Unidad de Medida y Actualización).
La finalidad de la participación del testigo social es identificar irregularidades las cuales deberán ser reportadas a la contraloría o al órgano interno de control del convocante.
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Por lo anterior, presentó una iniciativa para incorporar la figura de testigos social a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas para que atestigüen el correcto procedimiento de licitación cuyo monto rebase el equivalente a las 600 mil UMAS.
Con lo anterior, dijo, se busca fortalecer la participación ciudadana hidalguense teniendo un impacto en el combate a la corrupción y complementándose con la Ley en materia de Protección a Denunciantes y Testigos de Actos de Corrupción.
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