Desde el domingo estamos en campaña electoral para renovar la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión con sus quinientos escaños. Al mismo tiempo, en quince estados se elegirá gobernador/a; en treinta entidades habrá elección de legislatura que supone seiscientos cuarenta y dos diputados/as de mayoría relativa y cuatrocientos veintiuno de representación proporcional, además de diecinueve mil setecientos noventa funcionarios municipales entre alcaldías, sindicaturas, regidurías y concejalías. Miles de candidatas y candidatos, propietarios, suplentes, uninominales y plurinominales recorren el país a través de sus calles, colonias, comunidades, carreteras y por las redes sociales en solicitud del voto para acceder, y en algunos casos permanecer en alguno de esos cargos donde es posible la reelección.
Si agregamos a las y los funcionarios de órganos electorales federales, locales y municipales incluidos los responsables de casillas; a quienes sirven en instancias jurisdiccionales y fiscalías especializadas, federales y estatales, los equipos partidarios y de campaña y los auxiliares militares para resguardo de materiales e instalaciones, la suma sería representativa de la magnitud que alcanzará la elección del próximo 6 de junio, calificada por esa razón como histórica. El posible número de votantes lo confirma.
Sin exagerar, será un proceso de proporciones inéditas y consecuencias igualmente trascendentales. La conformación de la legislatura federal será determinante para el proyecto del gobierno de la República. De igual importancia la configuración de la geografía política regional.
Agréguense otras condicionantes en el escenario: la más señalada, sin duda, el contagio de covid-19 que va de la previsión de su aumento por el activismo político-electoral, hasta el temor de adquirirlo y en consecuencia un impacto inhibidor de la participación ciudadana que traiga en consecuencia el abstencionismo. Y en ese contexto la aplicación de la vacuna durante la temporada, que sigue despertando suspicacias.
En otro ámbito están las tensiones entre el INE y el gobierno federal, las secuelas por la selección de candidaturas en los partidos políticos y los litigios ante la negativa de la autoridad a conceder los registros correspondientes.
Anexemos dos: la controvertida candidatura para gobernador en el estado de Guerrero y el procesamiento penal de la candidata a gobernadora en Chihuahua. Ambas anuncian conflicto. En los medios ya lo son.
También saltan a la vista las incongruencias de unas reglas electorales que a fuerza de tanta reforma son en su conjunto un derecho electoral retorcido aplicable en un sistema federal. Para botón de muestra la temporalidad autorizada a las campañas, por las cuales tienen los mismos sesenta días quienes busquen la gubernatura de Sonora que quienes aspiren a una curul en el Congreso de Tlaxcala o una alcaldía en Veracruz. Ni que decir de la contaminación y arrastre de unas y otras por su convivencia.
Igual el bombardeo de mensajes en los medios electrónicos cuya abundancia satura y acaba por desapercibirlos mientras la guerra sucia para desacreditar a las y los opositores gana audiencia y, en contraste, una raquítica, por decir lo menos, propuesta de partidos y contendientes para ganar el voto del electorado. De debates ni hablar. Tampoco falta lo anecdótico: el obispo que causa revuelo por su preprecandidatura de una mañana.
Todo eso es hoy la contienda política mexicana que durante dos meses, hasta el 6 de junio, inundará nuestros espacios público y privado. Puede ser combustible para la polarización, motivación para decidir frente a la urna, ánimo a participar para decidir o, tristemente, generar hartazgo y desinterés. De ello dependen los otros saldos de la jornada.
Es también reto para que los partidos nos convenzan de la importancia que les otorga la Constitución General: entidades de interés público. La otra opción es cancelar su viabilidad democrática y ser sustituidos por otro ente. Para la ciudadanía es ejercicio de una responsabilidad que también es derecho.
Comparto el llamado de Diego Valadés (tw @dvalades 5/abr/21): La democracia y la política deben funcionar para resolver conflictos, no para desencadenarlos.
Propongo dos lecturas de esta circunstancia.
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