No me detengo en su condición de mujer ni en la de refugiada, ambas son importantes en el hecho. De ellas haré referencia al final. Tampoco en lo que generó la presencia policial y su motivación para arrestar a Victoria. Voy al fondo del problema. No es necesario abundar en explicaciones pues quedó reflejado nítidamente en esas imágenes. Su valoración y trascendencia probatoria, como debe ser, corresponde al Ministerio Público responsable de acusar, y finalmente a la autoridad jurisdiccional que conozca y resuelva lo que ahora se presume un homicidio.
Fijo entonces el interés en lo mostrado por el video que circula con abundancia en las redes sociales. Lo abrevio en tres imágenes: una mujer en el suelo boca abajo al lado de una patrulla es sometida por un grupo de policías, tres masculinos y una femenina, sin que se advierta una resistencia posible. En un segundo momento la mujer policía hincada sobre el cuerpo de la ya sometida y, al final, el cuerpo sin movimientos de la misma mujer, cargado de pies y brazos por dos de los mismos elementos para ser depositado en la batea de una unidad móvil también de la corporación policial.
Vino después la confirmación del fallecimiento. Para quien sea ajeno a la terminología jurídica fue un “se les pasó la mano” y muy posiblemente después la compasión si no es que la indiferencia ante otro episodio de esta naturaleza. Desde el gobierno federal la condena fue al más alto nivel, de dolor y vergüenza dijo el presidente de México. Siguieron las de las autoridades local y municipal. En rápida reacción las actuaciones ministeriales para iniciar el procedimiento penal, y la destitución del titular de la dependencia responsable de la seguridad en la demarcación. Se produjeron también en las horas subsecuentes los reclamos de El Salvador, país de origen de la víctima. Desde la familia y hasta el presidente de la república centroamericana, hubo un sentido y contundente reclamo de justicia.
La triste imagen tuvo un lugar en las portadas de los más importantes diarios nacionales y espacio en todos los medios; motivó airadas declaraciones, fuertes editoriales y análisis coincidentes en la profundidad del problema. El impacto mediático ha sido grande, también será pasajero. Vendrán otras noticias que lo rebasarán. Cuando eso suceda el problema seguirá, en aquel lugar y en muchos otros del mundo: la falta de preparación de nuestros cuerpos policiales en el uso de la fuerza que están autorizados a ejercer.
Para Alejandro Hope, especialista en el tema, estas prácticas persisten por tres factores, a saber: una corta y deficiente preparación en uso de la fuerza y respeto a los derechos humanos; las pobres condiciones laborales en las corporaciones; y, los débiles controles internos. (El Universal, 29/03/2021)
Con diferentes regulaciones y prácticas en materia de seguridad, el problema está en todos los continentes, no es exclusivo de sociedades subdesarrolladas, también se presenta en las más avanzadas. Recuérdese el caso de un afrodescendiente igualmente privado de la vida por elementos de la policía de Minneapolis, que provocó una ola de protestas en esa y otras ciudades norteamericanas apenas a mediados del año pasado. Un episodio de gran similitud con el que nos ocupa sucedido en Tulum, municipio del caribe mexicano.
Regreso a los dos aspectos señalados al principio: la víctima es mujer y por ello la dimensión de esta atrocidad cobra otro carácter al evidenciar ausencia de actuación policial con perspectiva de género. Si ese elemento está ausente, también el de respeto a los derechos humanos observable ante persona extranjera, lo cual abona en sentido negativo si se trata de un sitio donde turismo y migración son una constante.
Horas después otro acontecimiento semejante reiteró lo antes apuntado: un ciudadano guatemalteco cayó muerto por impacto de arma de fuego en un retén a cargo de efectivos militares en la frontera sur.
Fue, aceptó el Alto Mando, una reacción errónea, por lo que el posible responsable fue presentado a la autoridad correspondiente.
No queda duda de nuestro faltante en el ejercicio de la autoridad, es un pendiente de urgente solución, problema de interés nacional en el que debe seguirse trabajando con perspectiva nacional y suma de voluntades de la Federación, entidades federativas y municipios.
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