La semana pasada, el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) resolvió el recurso 025/2021, promovido por Morena en el cual se solicitaba que se instauraran acciones afirmativas en favor de la comunidad LGBTTTIQ+. Esta consistente predominantemente, en que se establezcan cuotas electorales, es decir, que todos los 14 partidos político en el estado postulen candidatxs que se asuman de la comunidad con la finalidad de “incentivar la participación política de este sector”.
En México se han aplicado varias acciones afirmativas políticas que lograron “la paridad” en el Congreso Federal. Es decir que hubiera el mismo número de hombres y mujeres. Esta historia no ha sido sencilla. Los institutos electorales tanto nacionales como estatales han tenido que ir blindando sus estrategias para garantizar que, efectivamente, las mujeres con intereses políticos tengan la oportunidad de participar de la vida política del país. Estas acciones, que surgen de “las buenas intenciones” más no de la mejor planeación, si lograron que hubiera mayor participación política de las mujeres, pero eso no ha significado que estas mujeres compartan una agenda a favor de los derechos humanos, del enfoque interseccional y de género.
Las teorías feministas ya lo han dicho varias veces: ser mujer no es garantía de apostar por derrocar a los sistemas de opresión.
El IEEH resolvió que aunque se tienen que aplicar estas cuotas, no entraran en vigor en estas elecciones por lo avanzado que va el proceso electoral. Este falló va de acuerdo a la sentencia del Tribunal Federal Electoral, con la diferencia de que ellxs si hicieron entrar en vigor estas candidaturas en las elecciones de este año. Lo que ha causado una gran indignación en la comunidad LGBT.
La historia nos ha demostrado que las acciones afirmativas se convierten en políticas perpetuas que no solucionan los problemas. En el caso de la comunidad llama la atención que para el tribunal (tanto nacional como local) le pareciera sensato obligar a todos los partidos, incluidos partidos profundamente conservadores y con agendas en contra de los derechos de la comunidad, a postular candidatxs.
¿De qué será capaz la comunidad LGBT por tener un espacio en el congreso? ¿De estar en contra de nuestros derechos, de los derechos de las mujeres, a favor del militarismo, del punitivismo?
En este debate, algunxs activistas están solicitando, absurdamente, que el INEGI haga un censo para saber cuántas personas de la comunidad somos. Los datos son importantes para la creación de política pública, pero también tenemos que aprender que hay situaciones en las cuales tendremos que prescindir de ellos por cuestiones cualitativas. No es posible tener la cantidad exacta de la comunidad porque hay personas que no asumen su orientación o identidad públicamente, ya que significa ponerles en peligro. No se toma en cuenta que la sexualidad es fluida y que las personas fluctuamos en ella y mucho menos, los estigmas y prejuicios propios que con lleva asumirse parte de las disidencias sexo genéricas. Y lo más importante, nuestra existencia en la política no depende de cuántxs somos.
Para la reflexión dejó dos preguntas y una afirmación:
¿En qué momento vamos a cuestionar el verdadero problema con la participación política, que es el la disciplina partidista?
¿Cuándo las disidencias sexo genéricas empezaremos a demandar nuestros derechos de formas viables, no solo por el protagonismo y una pequeñísima cuota de poder?
Es importante estar en esos espacios, sí pero con agendas y propuestas políticas dignas.
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