Ecatepec de Morelos, Estado de México. A unos días del fallecimiento de Magdalena Guzmán Torres, sus familiares solicitaron la intervención urgente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, al considerar que diversas omisiones institucionales impidieron que su caso fuera atendido oportunamente y que, hasta ahora, permanece sin justicia.
La exigencia principal de la familia es que la CNDH atraiga el caso por posibles violaciones graves a derechos humanos y que el Gobierno del Estado de México intervenga para evitar que los hechos queden impunes.
De acuerdo con sus familiares, Magdalena, una mujer adulta mayor, denunció durante meses presuntos actos de despojo, violencia familiar e invasión de su domicilio, además de la extracción irregular de agua en la vivienda donde habitaba. Sin embargo, aseguran que ni las autoridades de procuración de justicia ni las instancias encargadas de proteger sus derechos actuaron de manera efectiva.
Piden que la CNDH atraiga el caso
La familia sostiene que agotó distintas vías institucionales sin obtener resultados favorables, por lo que ahora busca que la CNDH intervenga directamente en la investigación.
Entre sus peticiones se encuentra la admisión formal de una queja por posibles omisiones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, del Juzgado Familiar de Ecatepec y de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM).
Asimismo, solicitan que el organismo nacional emita las recomendaciones que resulten procedentes y analice si existieron violaciones a los derechos de una mujer adulta mayor que, aseguran, denunció reiteradamente los hechos sin recibir una respuesta efectiva.
También piden que se dicten medidas para proteger el patrimonio que pertenecía a Magdalena y que se revise la actuación de las autoridades que tuvieron conocimiento del caso.
Solicitan intervención directa de la gobernadora
Además de acudir a la CNDH, los familiares hicieron un llamado a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez para que intervenga de manera directa y ordene la revisión del caso.
Entre las acciones que solicitan se encuentra la supervisión del Expediente Familiar 5114/2026, radicado en el Distrito Judicial de Ecatepec, así como una revisión de la carpeta de investigación ECA/CAJ/AEC/034/008548/25/01, relacionada con los hechos denunciados por Magdalena.
Los familiares también piden que se investigue la actuación del agente del Ministerio Público Mario Alberto Gutiérrez Ramírez, quien tenía bajo su responsabilidad la carpeta de investigación, así como las presuntas omisiones de las autoridades judiciales que conocieron del expediente familiar.
A su juicio, la intervención de la mandataria estatal es necesaria para garantizar que las denuncias sean revisadas por instancias superiores y evitar que el caso quede archivado.
Señalan omisiones en instancias de justicia
Según la familia, antes de fallecer, Magdalena intentó obtener protección tanto en la Fiscalía como en el ámbito familiar.
En el expediente 5114/2026 se incorporaron dictámenes y estudios especializados que, de acuerdo con los denunciantes, documentaban la situación de riesgo que enfrentaba la mujer. No obstante, consideran que dichas pruebas no derivaron en acciones oportunas por parte de las autoridades correspondientes.
De igual forma, sostienen que la carpeta penal relacionada con el caso permaneció durante meses sin avances significativos en el Centro de Justicia de San Agustín, pese a que se habían presentado diversos elementos de prueba.
Los familiares también reprochan la falta de actuación de la CODHEM, instancia a la que acudieron para solicitar apoyo y medidas de protección.
Solicitan ampliar la investigación
La familia señala como presuntos responsables de los hechos a Elizabeth Joada Jiménez Solís y José Antonio Pérez Guzmán, a quienes vinculan con el conflicto familiar que dio origen a las denuncias.
Por ello, piden que las autoridades analicen todas las líneas de investigación relacionadas con posibles delitos de despojo, violencia familiar, robo y cualquier otra conducta que pudiera derivarse de los hechos denunciados.
“Que la muerte de Magdalena no quede impune”
Para los familiares, el objetivo principal no es buscar venganza, sino que las autoridades revisen a fondo lo ocurrido y determinen las responsabilidades que correspondan.
Por ello, insisten en que la intervención de la CNDH y de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez es indispensable para que el caso avance, se revisen las actuaciones de las instituciones señaladas y se evite que la muerte de Magdalena Guzmán Torres quede sin consecuencias legales.
La familia sostiene que, después de meses de denuncias y peticiones sin respuesta, ambas instancias representan la última oportunidad para que el caso sea investigado de manera integral y se garantice el acceso a la justicia.

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