Se aferró hasta el último minuto. Canek Vázquez Góngora recurrió a todas las estrategias a su alcance para demostrar que nada tenía que ver con los casos de corrupción detectados en el Infonavit: envió mensajes y hasta se hizo fotografiar, con saludos incluidos, en su despacho. Al final consiguió lo que otros expriistas hoy convertidos al morenismo: la protección del poder para evitar procedimientos y salir corriendo.
La suerte del delegado, ligado durante décadas al sonorense Manlio Fabio Beltrones, estaba echada. El 30 de octubre tuvo que desocupar la oficina de la delegación, en la Zona Plateada, que ocupaba desde hace más de cuatro años, aunque desde mediados de septiembre ya no la utilizaba. Su renuncia fue una salida pactada, forzada por el escándalo de corrupción.
No se despidió de nadie; Un chofer cercano acudió a sacar sus pertenencias, entregó el vehículo asignado y pidió a sus incondicionales que aún quedan en la dependencia mantenerse atentos y reportar cualquier movimiento.
En puestos clave solo queda Víctor Hugo Camacho Islas, gerente de cartera, identificado como uno de sus colaboradores más cercanos, que lo ha acompañado en los distintos cargos de los últimos años. A él le habría pedido no renunciar y difundir el rumor de que su salida, obedeció a un llamado para participar en la operación política de los procesos electorales por venir.
La versión más cercana de lo ocurrido proviene de quienes han seguido el caso desde que se destapó la corrupción, validada por una auditoría. Según esas fuentes, Vázquez Góngora, pidió apoyo al senador Adán Augusto López Hernández, quien le abrió la puerta al morenismo, y lo convenció de que fue víctima de un grupo de trabajadores a los que él mismo había denunciado por irregularidades y que, en venganza, lo señalaron como el artífice de los “moches” de las casas.
Sin embargo, los documentos de la auditoría apuntan contra Roberto Juárez, uno de los hombres cercanos al entonces delegado y el primero en ser cesado por este caso. Le siguieron Noé Alvarado Zúñiga, exencargado del Centro de Servicios Infonavit (CESI), y nueve funcionarios más, tres de ellos sindicalizados. Todos coinciden en que, el orquestador del esquema fue Vázquez Góngora, y así consta en dos carpetas de investigación en la Fiscalía General de la República (FGR).
Las denuncias laborales que impulsa el secretario general del Sindicato del Infonavit, Rafael Riva Palacio Pontones, también lo señalan. Los propios trabajadores involucrados sitúan en alrededor de 80 millones de pesos el monto de la corrupción obtenida mediante el cobro de “moches”.
En este espacio hemos documentado paso a paso la caída del funcionario. Y el desenlace confirma que, sancionar a los suyos por presunta corrupción no es el fuerte de los morenistas. Practican justo lo que más critican del pasado: la protección y la negociación como salida para esquivar los cuestionamientos a funcionarios que se habrían aprovechado del cargo para cometer delitos.
Por lo pronto, la delegación queda a cargo de Adriana Cancino.
De mi tintero…Los olvidados. No solo Tianguistengo, también Huehuetla alza la voz. Son 200 familias que lo perdieron todo con la “vaguada monzónica” y siguen esperando. Los morenistas los dejaron fuera. Los señalados: los alcaldes y la delegación de Bienestar, que levantó el censo y “rasuró” el padrón. Les quitaron hasta la lista…Sección 20, en la mira. En el sindicato de Salud se cuece el golpe. Una nueva corriente busca derrocar a la secretaria de la Sección 20. Hay hartazgo. Sonia Ocampo, lleva 17 años en el control. Excesos para ella, beneficios solo para los suyos. El cacicazgo se agrieta.
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crs
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