El Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda de Tizayuca fue el ente público con mayor monto observado dentro de la segunda entrega de la Cuenta Pública 2025 con 49 millones 602 mil 180.65 pesos que deberá aclarar.
Entre las principales irregularidades destaca la rescisión de contratos de compraventa de lotes de los cuales no se presentó evidencia documental suficiente, competente y pertinente que justificara la revocación.
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Además, los lotes recuperados no fueron reconocidos ni registrados contablemente por su valor total, sino por una cantidad inferior, no se comprobó la devolución de los recursos a la persona compradora, ni se acreditó la reincorporación jurídica.
Dichas observaciones involucran diferentes montos que van desde el 1.2 millones de pesos hasta los 9.2 millones de pesos.
Entre las irregularidades detectadas se encuentra la omisión en el cobro de intereses moratorios y saldos pendientes por pagar por la venta de lotes en el Parque Metropolitano Industrial de Tizayuca por 24 millones de pesos a empresas o personas morales como Bottleprints, Ernesto Yañez Plata y Julio Cesar Rosendo Monroy.
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Del programa Vivienda Digna se detectaron saldos en cuentas por cobrar derivado de la asignación de viviendas por más de 4 millones de pesos 800 mil 403.50 pesos de los cuales no se tiene registro de acciones para la recuperación de los bienes inmuebles o el cobro en efectivo de los saldos pendientes, en el mismo programa se observó un monto por 9 millones 154 mil 254.55 pesos que no se cobraron en intereses moratorios equivalentes a 1.5 por ciento sobre el saldo de los meses vencidos.
Otra de las cuestiones observadas por la ASEH corresponde a un pago por 400 mil pesos a un ex trabajador derivado de una demanda laboral, sin embargo, no se integró la documentación suficiente que acreditara el motivo, la procedencia y el cálculo de las prestaciones pagadas, además se identificaron diversas adquisiciones cuyos gastos de más de 130 mil pesos se ingresaron como concepto de ayudas sociales, sin tener relación alguna.
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