Alrededor de 200 a 300 unidades de transporte de carga participaron este lunes 26 de octubre en la movilización nacional para exigir mayor seguridad en las carreteras y soluciones a las problemáticas del sector, informó Noé Paredes Meza, delegado en Hidalgo de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar).
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Los transportistas realizaron un paro parcial de operaciones y manifestaciones pacíficas en distintos puntos de la entidad, entre ellos Pachuca, Tulancingo, Tula, el Arco Norte y la autopista México-Tuxpan, sin efectuar bloqueos carreteros.
En Pachuca, los inconformes se concentraron en el estacionamiento de Soriana Plaza del Valle, en las inmediaciones de las oficinas de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), donde estacionaron unidades de carga para visibilizar sus demandas.
En entrevista con medios de comunicación, Paredes Meza explicó que la delegación estatal de la Canacar contó con la participación de empresas locales y compañías nacionales que mantenían operaciones en Hidalgo, como parte de una jornada de protestas realizada simultáneamente en diferentes estados del país.
El representante empresarial señaló que una parte de las flotillas suspendió actividades para sumarse a la movilización, mientras que otras unidades continuaron con el traslado de mercancías, alimentos y productos esenciales para reducir las afectaciones al abastecimiento.
Asimismo, rechazó que las manifestaciones tuvieran como propósito interrumpir la circulación vehicular y aseguró que la organización se deslindó de cualquier bloqueo carretero.
Denunciaron robos y extorsiones en carreteras
Durante la movilización, los transportistas denunciaron el incremento de robos de unidades, agresiones contra operadores, secuestros y presuntas extorsiones cometidas tanto por grupos delictivos como por elementos de distintas corporaciones de seguridad.
Paredes Meza señaló que los corredores carreteros del centro del país representaban una de las principales preocupaciones del gremio, particularmente la autopista México-Puebla, el Arco Norte y la carretera federal 57, debido a los hechos delictivos registrados en estas rutas.
Explicó que la inseguridad había obligado a las empresas a incrementar sus gastos en vigilancia, tecnología y personal especializado, por lo que algunas compañías destinaron mayores recursos a sus departamentos de seguridad.
“Tenemos operadores secuestrados, golpeados, unidades quemadas, extorsiones por parte del crimen organizado, pero también extorsiones por instituciones del Gobierno”, denunció.
Por su parte, Austreberto Barraza Trejo, empresario transportista y agremiado a la Canacar, manifestó que la delincuencia había provocado importantes pérdidas patrimoniales para los propietarios de unidades de carga, además de poner en riesgo la integridad de los conductores.
Señaló que, aunque durante el presente año su empresa no había sufrido directamente algún asalto, el año anterior enfrentó incidentes recurrentes, mientras que otros integrantes del gremio reportaron constantemente robos y agresiones en diferentes carreteras del país.
También denunció presuntos actos de extorsión por parte de elementos de la Guardia Nacional durante revisiones carreteras, situación que, aseguró, incrementó las dificultades económicas y operativas de las empresas.
Señalaron cobros municipales y retrasos en la recuperación de unidades
Además de la inseguridad, los transportistas manifestaron su inconformidad por los cobros que algunos gobiernos municipales pretendieron imponer para permitir el ingreso de camiones destinados a la descarga de mercancías.
Paredes Meza consideró que estas medidas contravenían la legislación federal y representaban una carga económica adicional para las empresas.
También cuestionó los procedimientos de las autoridades ministeriales para liberar unidades recuperadas después de un robo o involucradas en accidentes, debido a que, según denunció, los trámites llegaron a prolongarse durante meses.
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El delegado sostuvo que esta situación provocó pérdidas económicas para los transportistas, quienes permanecieron sin poder utilizar sus vehículos mientras continuaban cubriendo gastos operativos.
Finalmente, solicitó mayor coordinación entre autoridades federales y estatales para combatir los delitos relacionados con el transporte de carga, al señalar que, aunque los robos ocurrieron principalmente en carreteras federales, las mercancías sustraídas también fueron comercializadas en distintas localidades.
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