Comerciantes reabren puestos frente a Soriana Plaza del Valle tras tres meses de cierre; Ayuntamiento amenaza con clausurarlos
Los comerciantes de puestos semifijos ubicados en las inmediaciones de Soriana Plaza del Valle, en Pachuca, decidieron reanudar sus actividades este lunes 26 de octubre, luego de permanecer casi tres meses sin trabajar a consecuencia de un incendio registrado el pasado 25 de julio.
Sin embargo, denunciaron que personal de la Dirección de Comercio y Abasto del Ayuntamiento acudió para advertirles que no podían continuar operando.
Los afectados señalaron que la suspensión de sus actividades se ha mantenido mediante indicaciones verbales, sin que hasta el momento las autoridades municipales les hayan entregado una notificación formal que explique los motivos legales del cierre o un dictamen de Protección Civil que determine las condiciones de riesgo de cada establecimiento.
Tahití Silvia Mayorga González, abogada particular de cuatro de los comerciantes afectados, explicó que durante la reapertura se presentó Joaquín Valdez Sandoval, director de Comercio del Ayuntamiento de Pachuca, quien les manifestó que no podían continuar con sus actividades debido al incendio ocurrido hace tres meses en uno de los establecimientos.
No obstante, aseguró que la autoridad municipal no ha presentado documentación oficial que fundamente y motive la suspensión de las actividades comerciales.
“Todo ha sido de manera verbal y nunca han hecho una notificación formal por escrito, justificando, fundando y motivando la causa del cierre o de la clausura. Este procedimiento debería ser individualizado y no se ha hecho de esa forma”, expresó.
La representante legal sostuvo que los comerciantes han presentado diversos escritos ante las autoridades municipales para solicitar la continuidad de sus actividades y la renovación de sus permisos, sin obtener una respuesta formal.
En ese sentido, consideró que la falta de contestación vulnera el derecho de petición establecido en el artículo octavo constitucional, que obliga a las autoridades a responder las solicitudes formuladas por escrito de manera pacífica y respetuosa.
Además, señaló que, si los establecimientos representan un riesgo para la población, las autoridades correspondientes tendrían que realizar inspecciones y emitir dictámenes individualizados que justifiquen las restricciones.
“Si en su momento implican un riesgo para la sociedad, tendría que haber un dictamen de manera individualizada por parte de cada uno de los establecimientos para establecer que no es viable que sigan operando, y no ha sucedido de esa forma”, puntualizó.
Cerca de 60 familias afectadas por el cierre
Por su parte, Alberto Mejía Serna, propietario del establecimiento Tacos y Tortas El Primo, aseguró que la suspensión de actividades ha provocado pérdidas económicas importantes para los comerciantes y las familias que dependen de estos negocios.
De acuerdo con su testimonio, algunos de los afectados han tenido que vender pertenencias para enfrentar sus gastos durante los casi tres meses que permanecieron sin ingresos derivados de sus establecimientos.
El comerciante estimó que aproximadamente 60 familias han resultado perjudicadas de manera directa e indirecta por la suspensión de las actividades comerciales en la zona.
Asimismo, explicó que algunos propietarios llevan más de 15 años trabajando en el lugar, mientras que otros tienen entre cinco y siete años de antigüedad, por lo que rechazaron una posible reubicación sin que previamente exista una propuesta formal.
Mejía Serna cuestionó que la medida se aplicara a diversos establecimientos cuando el incendio ocurrió únicamente en uno de ellos, el cual permanece cerrado.
Consideró que la autoridad municipal debió atender de manera particular las condiciones del negocio siniestrado, en lugar de impedir las actividades de los demás comerciantes.
También denunció que no han recibido inspecciones de Protección Civil, ni antes ni después del incendio, pese a que solicitaron la intervención de esa dependencia para verificar las condiciones de seguridad de los establecimientos.
Según explicó, al acudir a las oficinas de Protección Civil les indicaron que primero debían regularizar sus permisos y obtener la autorización correspondiente de la Dirección de Comercio para que pudieran realizarse las revisiones.
El comerciante también cuestionó que otros establecimientos de venta de alimentos ubicados frente a Soriana Plaza del Valle hayan continuado operando, mientras que sus negocios permanecieron cerrados.
Incluso señaló presuntas diferencias en el trato otorgado por las autoridades municipales a los comerciantes de la zona, aunque dichas acusaciones no fueron acreditadas durante la entrevista.
Analizan recurrir a un amparo
Ante la posibilidad de que el Ayuntamiento insista en impedirles trabajar, la abogada Tahití Silvia Mayorga González informó que los afectados podrían recurrir a un amparo indirecto en materia administrativa para defender sus derechos.
Sin embargo, explicó que primero esperan recibir una notificación oficial que establezca los argumentos legales de la autoridad para ordenar el cierre de los establecimientos.
Por su parte, Alberto Mejía aseguró que los comerciantes decidieron reabrir sus negocios de manera pacífica y que están dispuestos a cumplir con las disposiciones legales que correspondan, siempre que las autoridades fundamenten sus decisiones.
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