La seguridad no se mide únicamente por la reducción de delitos, sino por la capacidad del Estado para devolverle a la ciudadanía la libertad de vivir con tranquilidad.
Por: Hugo de la Cuadra
La presencia federal comienza a producir resultados, pero el gran desafío sigue siendo convertir los avances operativos en condiciones de protección tangibles para una sociedad golpeada por la extorsión y la incertidumbre.
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La reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) confirma una tendencia nacional favorable: en septiembre de 2026, 58.1% de la población adulta consideró inseguro vivir en su ciudad, por debajo del 59.8% de junio y del 63% registrado un año antes. Es un avance que debe reconocerse.
Asimismo, debe tomarse en cuenta que el Gobierno Federal ha reforzado su presencia en Morelos. La estrategia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum y coordinada desde la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ha desplegado acciones específicas contra homicidio, extorsión y delincuencia organizada. El Plan Morelos y el Plan Cuautla son ejemplos concretos de esa intervención.
Los resultados oficiales muestran avances: el promedio diario de homicidio doloso en Morelos ha disminuido de manera importante; se han fortalecido las operaciones conjuntas de la SSPC, Defensa, Marina, Guardia Nacional, FGR y autoridades locales, y en Cuautla se han realizado despliegues territoriales, detenciones y acciones de inteligencia contra estructuras dedicadas al cobro de piso.
Es decir, hay un plan de acción, coordinación y presencia federal. Negarlo sería incorrecto. Pero también sería un error asumirlo como una recuperación plena de la tranquilidad social.
Los números avanzan más rápido que la confianza ciudadana
La propia ENSU coloca a Cuernavaca frente a una realidad incómoda: 83.1% de su población adulta considera inseguro vivir en la ciudad, 25 puntos por encima del promedio nacional. Esa cifra obliga a preguntarnos por qué los avances institucionales todavía no se reflejan con la misma claridad en el entorno diario de las personas.
La respuesta radica, en buena medida, en delitos que modifican silenciosamente la vida cotidiana. La extorsión no siempre deja una escena visible, pero deja negocios cerrados, comerciantes amenazados, transportistas condicionados, familias intimidadas y comunidades enteras acostumbradas a callar. Cuando el cobro de piso se convierte en mecanismo de control territorial, el problema deja de ser únicamente patrimonial: se convierte en un desafío directo a la autoridad del Estado.
Morelos necesita que el esfuerzo federal se consolide y profundice, no que se sustituya por discursos tranquilizadores. La intervención debe mantenerse hasta desarticular las redes financieras y operativas del crimen organizado, proteger al denunciante, fortalecer las capacidades locales de investigación y recuperar la credibilidad ciudadana en policías y fiscalías.
La coordinación entre la Federación, el estado y los municipios no puede ser coyuntural. Tiene que convertirse en política permanente, medible y evaluable.
Reconocer los avances federales y, al mismo tiempo, atender la percepción de inseguridad de la ciudadanía no es una contradicción. Es una responsabilidad pública.
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Porque el éxito de una estrategia de seguridad no llegará cuando una conferencia anuncie mejores números, sino cuando el comerciante deje de pagar cuotas, la familia vuelva a ocupar sus espacios y el ciudadano pueda transitar con libertad y tranquilidad.
Sólo entonces la estadística y la realidad finalmente estarán hablando el mismo idioma.
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