Por la saña y crueldad ejercidas contra Daniela, Josselyn y Guadalupe, familiares y colectivos defensores de derechos humanos sostienen que los tres crímenes deben catalogarse como feminicidio. En ese sentido, confirmaron que, tras la lectura de la sanción e individualización de penas, se prevé recurrir a la apelación para combatir el criterio fijado por el tribunal.
La inconformidad surge a raíz del fallo condenatorio emitido el pasado 8 de octubre por los hechos ocurridos el 30 de julio de 2024 en la colonia San Isidro, municipio de Santiago Tulantepec. En dicha resolución, el Tribunal de Enjuiciamiento acreditó el delito de feminicidio y aborto forzado únicamente en el caso de Guadalupe —quien contaba con entre 16 y 18 semanas de gestación al momento del hecho—, mientras que las muertes de Vivian Daniela y Josselyn fueron reclasificadas a homicidio doloso.
Al respecto, la madre de Vivian Daniela, quien radica en Tijuana, Baja California, y viajó para presenciar las audiencias de alegatos de clausura y fallo, confirmó que la representación legal de las víctimas promoverá la apelación ante el desacuerdo con el criterio fijado por la autoridad juzgadora.
El tribunal determinó la responsabilidad de Omar N por el delito de feminicidio en agravio de Guadalupe y aborto forzado en calidad de inductor, al señalarse que solicitó interrumpir el embarazo de quien era su pareja sentimental y ofreció dinero para privarla de la vida; no obstante, quedó absuelto respecto a los homicidios de Josselyn y Vivian Daniela.
Por su parte, Ricardo N y Diana N fueron declarados penalmente responsables como coautores materiales de los homicidios dolosos de Josselyn y Vivian Daniela, así como del feminicidio de Guadalupe y el delito de aborto forzado, tras acreditarse su ingreso al domicilio y su participación directa en los hechos.
Para los familiares y la asesoría jurídica, la brutalidad del ataque y el modo de ejecución ejercido contra las tres jóvenes demandan que el proceso sea juzgado bajo perspectiva de género de manera integral.
La exigencia de reclasificación de los delitos se hizo patente el pasado miércoles afuera de los Juzgados de Primera Instancia de Tulancingo durante la audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño. Sin embargo, ésta fue diferida debido a que uno de los imputados, Omar N, promovió un cambio de abogado de último momento.
El juez declaró procedente el diferimiento para tutelar el debido proceso y conceder el plazo legal para que la nueva defensa examine la carpeta de investigación, la causa penal y las grabaciones de las 35 audiencias desahogadas a lo largo de más de dos años de proceso judicial.
Tras el aplazamiento, la continuación de la audiencia quedó reprogramada para el próximo 21 de octubre a las 17:45 horas. En esta sesión se prevé el desahogo de testimonios de los padres de las hermanas y de la madre de la tercera víctima, a fin de determinar el monto de la reparación del daño e imponer la temporalidad exacta de los años de prisión para los tres sentenciados.
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Proceso marcado por constantes dilaciones
Tras ser aprehendidos en agosto de 2024, los tres implicados han permanecido bajo prisión preventiva oficiosa en el Cereso de Tulancingo. Sin embargo, la resolución del caso se ha postergado de forma sistemática: sólo durante la fase de juicio oral, la representación legal de las víctimas registró un mínimo de ocho suspensiones atribuibles a la contraparte u órganos del tribunal. Esta cadena de retrasos llevó la medida cautelar al límite de su plazo legal de dos años, fijado el pasado 11 de agosto de 2026, por lo que tuvo que ampliarse por 109 días.
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