La filosofía del Derecho no es una disciplina preferida de la abogacía, siendo como es indispensable para entender los superiores fines de la profesión jurídica.
El desapego proviene del diseño curricular de las escuelas de Derecho donde la filosofía se ha dejado para el último tramo de los planes de estudio, cuando su conocimiento debe ser una de las llaves de acceso al fascinante mundo del Derecho y su aplicación.
Conviene ubicarla en el bloque introductorio de la licenciatura y privilegiarla como primera herramienta para ejercer a plenitud el Derecho, a la par de la ética, fortalezas para una profesión de calidad, honesta, sin desviaciones ni improvisación.
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Si la materia se imparte al inicio de la carrera, el estudiantado comprenderá el valor, la importancia y trascendencia de la profesión escogida como proyecto de vida. De otra suerte conforme se suceden en las aulas las materias, la futura generación de profesionales de la abogacía amplía la visión del desempeño y su interés pondrá énfasis en las más relacionadas con la práctica profesional, alejándole de los preceptos orientadores del ejercicio de las profesiones jurídicas. Así se diluye de antemano la posibilidad de una abogacía más y mejor calificada por sus principios y valores; y la sociedad ve mermado, entre otros elementos, su acceso a la justicia por la precariedad y mala práctica profesional de las y los abogados, un impacto negativo en la conformación y funcionamiento de los tribunales y la judicatura, en general, del aparato de justicia.
No es asunto menor. Ni puede ni debe minimizarse a la conclusión facilona: esa materia no sirve para nada.
El abogado hidalguense José Ramón Narváez, con su proverbial ánimo innovador y tantas veces disruptivo, apunta a otras causas, tres: una jerga incomprensible, un dogmatismo asfixiante y un elitismo académico. Poco se le puede discutir a ese juicio, su diagnóstico es certero y fácilmente comprobable cuando se observa la ausencia en el ambiente jurídico, ya sea en el aula, el juzgado, la agencia del Ministerio Público o el parlamento de Aristóteles, Hobbes, Kelsen y DWorkin.
Para Narváez el dogma está en la creencia de que solo las y los juristas son capaces de entender las normas jurídicas y solo quienes las reflexionan, capaces de hacer filosofía, lo cual monopoliza la verdad y transforma el conocimiento jurídico en herramienta para dominar y alinear. Del lenguaje, dice, críptico y ajeno, despoja a las personas de su capacidad de agencia.
Urge a una “filosofía popular del Derecho” para reconocer la pertenencia de la indagación de lo justo a la comunidad, no únicamente a tribunales ni a la investigación científica; reafirma la curiosidad y búsqueda del futuro son herramientas de emancipación, no de control.
En el Semanario de la Educación Superior Aula Magna, de Chile (semanarioaulamagna.cl 23/IX/26), aparece esta propuesta. Comparto dos de sus elementos, primero, ¿dónde habita la filosofía popular del Derecho?, responde: en sus narrativas, sus lenguajes expresivos y su memoria colectiva; en el cine y la ficción audiovisual, donde confronta dilemas éticos, juega a los sistemas de poder y reimagina el castigo o la reparación sin abrir un código procesal.
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Igual en el arte urbano y las expresiones populares, el grafiti, la música popular, el teatro comunitario y la narrativa gráfica donde aparecen la sátira y el drama para señalar la distancia entre la ley escrita y la justicia real.
Afirma: la verdadera sociedad del conocimiento no es aquella acumuladora de títulos académicos o bases de datos inaccesibles, es la integradora de saberes diversos, exigente de desmantelar la soberbia en la enseñanza del Derecho. Su propuesta es crear un espacio a manera de taller comunitario de filosofía popular del Derecho con formato de diplomado.
¿Le parece novedoso?, también es provocador para la añeja tradición jurídica y quienes la mantienen.
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