La inversión en infraestructura hídrica no termina con la construcción de una planta de tratamiento. Mantener las instalaciones en funcionamiento, darles mantenimiento y asegurar su eficiencia operativa son aspectos necesarios para que las obras cumplan de manera sostenida con su función de saneamiento.
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En este contexto, el Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 contempla 6,332.4 millones de pesos para infraestructura en materia de agua potable, alcantarillado y saneamiento. De acuerdo con Humberto Armenta González, presidente del Consejo de Administración de RECSA, estos recursos serán determinantes para modernizar la infraestructura existente y elevar su eficiencia operativa.
El reto de aprovechar esta inversión se refleja en la cobertura actual. De los 211.2 metros cúbicos por segundo que ingresan a los sistemas de alcantarillado del país, 143.8 metros cúbicos por segundo reciben tratamiento en alguna de las 2,899 plantas municipales en operación, equivalente a una cobertura nacional de 68.1%.
Para que las plantas puedan mantener su funcionamiento se requiere una infraestructura integral que incluya redes de recolección y conducción, colectores y sistemas de bombeo, cuando las condiciones topográficas lo hagan necesario. A ello se suman programas permanentes de mantenimiento y monitoreo.
“Construir es sólo el comienzo. La verdadera prueba de una obra llega durante los años siguientes, cuando debe operar todos los días con eficiencia y cumplir la función para la cual fue concebida”, afirmó Armenta González.
La operación continua adquiere relevancia porque el tratamiento de aguas residuales depende no sólo de la existencia de las plantas, sino también de que estas mantengan las condiciones necesarias para funcionar de manera eficiente a lo largo del tiempo. El mantenimiento y el monitoreo forman parte de ese proceso.
La inversión pública, por tanto, representa una oportunidad para fortalecer la infraestructura existente y mejorar su desempeño operativo. De acuerdo con el planteamiento del directivo, el objetivo debe ser que las obras mantengan su capacidad para cumplir con las funciones de saneamiento para las que fueron construidas.
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Con una cobertura nacional de tratamiento de 68.1%, el desafío combina la necesidad de ampliar la atención de las aguas residuales con la de conservar en condiciones adecuadas la infraestructura que ya se encuentra en operación.
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