Durante los primeros dos años de la administración de Claudia Sheinbaum, 53 funcionarios han sido vinculados a proceso penal por hechos relacionados con corrupción, informó este martes la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG), Raquel Buenrostro.
El dato fue presentado durante la conferencia de prensa encabezada por la presidenta en Palacio Nacional, donde la secretaria dio a conocer los principales resultados de las acciones de prevención, investigación y sanción realizadas por la dependencia.
De acuerdo con el informe presentado por Buenrostro, durante este periodo se han presentado 517 denuncias contra servidores públicos ante la Fiscalía General de la República (FGR). De ese conjunto de denuncias, 53 personas han llegado a la etapa de vinculación a proceso penal.
¿Cuántos funcionarios han sido sancionados?
Además de los procesos penales, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno reportó que 4 mil 193 servidores públicos han recibido sanciones administrativas durante los dos primeros años de la administración federal.
Del total, 3 mil 528 corresponden a faltas no graves, mientras que 665 fueron consideradas faltas graves, de acuerdo con las cifras expuestas durante la conferencia.
Las conductas detectadas abarcan distintas irregularidades relacionadas con el manejo de recursos públicos, contratación de bienes y servicios, información bajo resguardo de funcionarios y comportamiento dentro de las instituciones.
Entre las principales faltas señaladas se encuentran el otorgamiento o autorización de pagos indebidos, la sustracción de información que podría contener datos personales, la autorización de pagos por bienes o servicios que no fueron entregados y la realización de compras sin justificación.
También se identificaron casos de falsificación de documentos, así como situaciones relacionadas con hostigamiento y acoso sexual.
53 funcionarios llegaron a un proceso penal
Buenrostro explicó que algunas de las faltas administrativas detectadas pueden constituir delitos. En esos casos, además de las investigaciones y procedimientos administrativos correspondientes, los expedientes son enviados a las autoridades ministeriales.
La secretaria informó que, durante el periodo señalado, fueron presentadas 517 denuncias penales contra servidores públicos, y 53 de los involucrados fueron vinculados a proceso.
Entre los delitos detectados aparecen el enriquecimiento ilícito, uso ilícito de atribuciones y facultades, operaciones con recursos de procedencia ilícita, fraude y peculado.
La vinculación a proceso no equivale por sí misma a una sentencia definitiva, sino que corresponde a una etapa del procedimiento penal en la que un juez determina que existen elementos para continuar una investigación judicializada.
También hay expedientes enviados al TFJA
Las acciones de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno también incluyen procedimientos ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).
De acuerdo con la información presentada, mil 737 servidores públicos fueron enviados al TFJA. De ellos, 87 ya fueron notificados como sancionados, mientras que mil 650 casos permanecen en proceso.
Estos procedimientos forman parte de la vía administrativa y son independientes de los procesos penales que pueden derivarse de conductas consideradas delitos.
La diferencia es importante: un servidor público puede enfrentar una investigación administrativa por una falta y, cuando existen elementos que podrían constituir un delito, también puede ser denunciado ante la Fiscalía General de la República.
¿Qué pasó con las empresas y particulares?
El informe presentado por Buenrostro también incluyó sanciones contra particulares que participaron en irregularidades relacionadas con contratos y actividades vinculadas con el gobierno.
En este apartado, la secretaria informó que 286 personas morales fueron sancionadas. De ellas, 222 fueron inhabilitadas y recibieron una multa, mientras que otras 64 solamente recibieron multas.
Las sanciones económicas impuestas a estos particulares permitieron obtener 147.3 millones de pesos.
Entre las principales irregularidades detectadas aparecen la presentación de documentación falsa y el incumplimiento de obligaciones establecidas en contratos públicos.
También se señalaron casos en los que empresas habrían simulado contar con experiencia técnica, personal calificado o capacidad económica suficiente para cumplir con un contrato, además de situaciones relacionadas con la ocultación de posibles conflictos de interés.
Más de 83 mil millones de pesos protegidos
Otro de los datos presentados por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno está relacionado con las acciones preventivas realizadas por la administración federal.
Según Buenrostro, estas medidas permitieron proteger 83.8 mil millones de pesos mediante acciones destinadas a mejorar los procesos de gobierno y evitar pérdidas o gastos indebidos.
La funcionaria detalló que alrededor de 29 mil millones de pesos corresponden a mejores procesos de compra; 42.2 mil millones, al seguimiento de la administración de contratos; 4.8 mil millones, a sanciones, y 7.8 mil millones, a medidas de eficiencia en la organización gubernamental.
La Secretaría ha colocado la prevención como uno de los mecanismos para detectar irregularidades antes de que representen un daño mayor para las finanzas públicas.
La estrategia contra la corrupción durante el gobierno de Sheinbaum
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno fue creada al inicio de la actual administración federal, en sustitución de la Secretaría de la Función Pública, con la responsabilidad de reforzar las tareas de prevención, vigilancia y combate a actos de corrupción.
En este periodo, las acciones reportadas abarcan desde la revisión de contratos y procedimientos de compra hasta la aplicación de sanciones administrativas y la presentación de denuncias penales cuando las autoridades detectan hechos que podrían constituir delitos.
El gobierno federal también ha impulsado medidas de transparencia relacionadas con las contrataciones públicas, fiscalización y auditorías. En agosto de 2026, Sheinbaum firmó un decreto para fortalecer la transparencia gubernamental y ampliar la información pública sobre distintos procesos de la administración.
Con las cifras dadas a conocer este martes, el balance presentado por Buenrostro incluye 517 denuncias penales, 53 funcionarios vinculados a proceso, 4 mil 193 servidores públicos sancionados administrativamente, mil 737 casos enviados al TFJA y 286 personas morales sancionadas, además de los 83.8 mil millones de pesos que la dependencia reportó como protegidos mediante acciones de prevención.
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