Para muchos en Tulancingo, era simplemente un proveedor de equipo médico para el sector público y privado, originario de una familia de trabajo. Quizá por eso nadie reparó demasiado en los autos de alta gama —incluidos Lamborghinis— que solían verse estacionados afuera de su residencia en el fraccionamiento “La Toscana”. Para la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Marina, en cambio, José Guillermo Rivera Parrazales es investigado por su presunta relación con lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos contra la salud.
Junto con su hermano Justo Rivera Parrazales —detenido en julio pasado en Mérida, Yucatán—, José Guillermo, fundó empresas dedicadas a la venta de equipo médico que hoy operan en hospitales públicos de Zimapán, Actopan, Ixmiquilpan y Pachuca, así como en nosocomios privados,entre ellos el hospital de San Agustín Tlaxiaca, propiedad del ex alcalde Arturo Hernández Máximo, conocido como “El Zapatero”.
Justo Rivera, fue detenido y vinculado a proceso por delitos contra la salud, lavado de dinero y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Las autoridades lo señalan, además, como presunto operador financiero de los cárteles del Noreste y de “La Barredora”, grupo criminal al que también se le vincula con figuras políticas como Adán Augusto López Hernández y el ex gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón.
Fue a partir de estas indagatorias, que la FGR identificó contratos millonarios con los gobiernos de Hidalgo y Chiapas, a través de los cuales este presunto operador financiero habría sido beneficiado durante al menos seis años como proveedor de equipamiento médico: desde camillas especializadas hasta ventiladores y sillas de ruedas.
Funcionarios del área de salud durante la administración de Omar Fayad aseguran que, José Guillermo Rivera —hermano de Justo— se acercó al gobierno estatal para ofertar equipo médico a través de la empresa Inmedicen, S.A. de C.V., con la que obtuvo contratos entre 2016 y 2020. Los mismos funcionarios sostienen que nunca recibieron indicación alguna, ni del gobierno federal ni del entonces secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, para favorecer con contratos a los Rivera Parrazales.
Sin embargo, las pesquisas de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) han abierto dos líneas de investigación: una que señala a José Guillermo como presunto encargado de lavar recursos de grupos criminales a través de empresas proveedoras de equipo médico, y otra que busca establecer si políticos con presuntos vínculos con esas organizaciones intervinieron para que dichas empresas resultaran adjudicadas.
La investigación sobre estos dos hombres de Tulancingo —que durante años proyectaron una imagen de empresarios exitosos— apenas comienza. La Marina aseguró la residencia de la calle Vía Lucía, en “La Toscana”, donde decomisó un vehículo, tabletas, equipos de cómputo, documentos, fotografías, un libro de construcción, un juego de cartas y joyería. En otro inmueble, ubicado en la colonia Lindavista, se localizaron armas, cartuchos, computadoras y memorias de almacenamiento que las autoridades ya analizan.
Elementos de Marina también habrían ubicado tres bodegas con equipo médico que, según las indagatorias, constituyen el rastro documental del presunto esquema de lavado de dinero ligado a los contratos de los Rivera Parrazales. Para la FEMDO, ese hallazgo podría ser la huella clave para reconstruir la ruta del dinero.
De mi tintero…No habrá más recursos, al menos por lo que resta de este año, para el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH). Ni en la Secretaría de Hacienda ni en el Congreso local encontraron eco sus peticiones, y menos aún después de que se revelaran los dos procedimientos que existen contra la consejera presidenta, María Magdalena González Escalona, por la presunta creación de plazas con funciones inexistentes para favorecer a Juan Carlos Mendoza.
A propósito de procesos electorales: insisten en que, se acerca la última llamada para Rebeca Stella Aladro, de cara a la elección del Poder Judicial en 2027. Por cierto, algunos jueces y magistrados ya anunciaron, por dignidad, que no participarán en lo que han calificado como una farsa y simulación: el llamado “circo de los jueces a modo”.
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