La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), mantiene en integración más de cinco carpetas de investigación relacionadas con el exalcalde de Pachuca, Sergio Baños Rubio, quien ya ha sido citado en diversas ocasiones para comparecer ante la autoridad ministerial.
Francisco Fernández Hasbun, encargado del despacho de la PGJEH, informó que las investigaciones continúan avanzando, aunque evitó precisar el número exacto de expedientes y los delitos que se indagan debido a la reserva de las carpetas.
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“Se están integrando, en su momento les daré más información, pero se están integrando. No traigo el número exacto, pero creo que más de cinco”, señaló.
Ante los cuestionamientos sobre una posible falta de avances en los casos, Fernández Hasbun sostuvo que las indagatorias sí han continuado y rechazó que exista protección hacia el expresidente municipal.
“Aquí no se protege a nadie. Si existe una carpeta de investigación, se investiga, se encuentran los responsables y, en el caso que el Ministerio Público considere, se judicializa”, afirmó.
El encargado del despacho de la Procuraduría confirmó que Baños Rubio ha acudido en varias ocasiones ante la dependencia para ser entrevistado como parte de las investigaciones.
“Varias veces, lo hemos entrevistado varias veces a él y a su gente”, indicó.
Además del exalcalde, diversos exfuncionarios de la administración municipal 2020-2024 han sido citados para rendir entrevistas. Fernández Hasbun aseguró que Baños Rubio ha atendido los llamados realizados por la autoridad.
Respecto a los delitos que se investigan, se limitó a señalar que son “diversos”, debido a que la información forma parte de expedientes en curso.
Sin fecha para posibles judicializaciones
A casi dos años de que concluyó la administración de Sergio Baños, el funcionario explicó que no existe un plazo definido para determinar cuándo podrían judicializarse las primeras carpetas, debido a que algunas diligencias requieren información de otras instituciones.
Como ejemplo mencionó las solicitudes realizadas a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, cuya respuesta depende también de la información proporcionada por las instituciones financieras.
Detalló que estos requerimientos pueden tardar desde 15 días o algunas semanas hasta seis meses o incluso un año, por lo que establecer una fecha para concluir las investigaciones sería impreciso.
Fernández Hasbun también descartó que hasta el momento se haya realizado el congelamiento de alguna cuenta bancaria del exalcalde.
Al ser cuestionado sobre si Gabriela Morales Ríos, excontralora durante el gobierno de Baños y actualmente funcionaria estatal, cuenta con alguna carpeta de investigación, el encargado de la PGJEH evitó confirmarlo o descartarlo.
Explicó que debe mantener bajo reserva la identidad de las personas que pudieran tener el carácter de imputadas o presuntas imputadas dentro de las investigaciones.
Ante los señalamientos sobre una posible protección por tratarse actualmente de una funcionaria estatal, Fernández Hasbun reiteró que no existe trato preferencial.
“No hay ninguna protección del Estado, eso lo quiero dejar bien claro. Aquí no se protege a nadie. Cualquier persona que esté denunciada, se hacen todas las investigaciones y todo lo necesario”, sostuvo.
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Ayuntamiento reportó 24 investigaciones
En agosto pasado, el secretario general del Ayuntamiento de Pachuca, Eduardo Trejo Lino, informó que el municipio tenía en integración alrededor de 24 carpetas relacionadas con posibles irregularidades detectadas en la administración anterior, 19 de ellas vinculadas con incumplimientos de resoluciones judiciales y administrativas.
Entre los asuntos denunciados se encuentra la actuación de un despacho jurídico externo que habría tenido bajo su control expedientes municipales sin que, de acuerdo con la actual administración, existiera un vínculo contractual que justificara su intervención.
El Ayuntamiento también ha señalado posibles conductas como abuso de atribuciones y facultades, incumplimiento de un deber legal y ejercicio indebido del servicio público, aunque corresponderá al Ministerio Público determinar si los hechos constituyen delitos y quiénes serían responsables.
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