A casi seis meses de que fue judicializada la carpeta de investigación contra Juan Manuel Hinojosa Zamora, titular de la Notaría Pública número 8 de Tulancingo, aún no se ha realizado la audiencia inicial por el caso relacionado con un inmueble valuado en 29 millones de pesos, denunció la familia Arenas Rodríguez.
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Este martes 8 de septiembre, Ángel Arturo Labra Escudero, abogado de la familia, y José Antonio Arenas Daniels, familiar de los afectados, acusaron que la audiencia ha sido aplazada en dos ocasiones y que, hasta el momento, no existe una nueva fecha para llevarla a cabo.
El proceso deriva de presuntas irregularidades en la elaboración de un poder notarial que, según los denunciantes, permitió que un apoderado otorgara facultades a una tercera persona, situación que habría derivado en la pérdida de un inmueble propiedad de la familia.
El predio, valuado en aproximadamente 29 millones de pesos, se encuentra ubicado en la colonia Santa Julia, en Pachuca, y actualmente es ocupado por el establecimiento comercial Zorro Abarrotero, de acuerdo con lo señalado por los afectados.
La denuncia fue presentada en noviembre de 2024 ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), bajo el Número Único de Caso (NUC) 18-2024-005017. Posteriormente, el expediente fue judicializado el 11 de marzo de 2026 y se abrió la causa penal 117/2026.
La primera audiencia fue fijada para el 21 de abril; sin embargo, el Ministerio Público solicitó diferirla. Posteriormente se estableció una segunda fecha para el 11 de junio, pero un día antes nuevamente se pidió su aplazamiento, indicaron los denunciantes.
Desde entonces, señalaron, no se ha establecido una nueva fecha, pese a que aseguran que ya no existen actos de investigación pendientes y que el procedimiento se encuentra en condiciones de continuar ante la autoridad judicial.
Como parte del caso, la familia solicitó al Colegio de Notarios del Estado de Hidalgo una opinión técnica sobre la actuación cuestionada. De acuerdo con los afectados, el organismo determinó que no fue correcto permitir que un apoderado concediera facultades a una tercera persona.
Además, afirmaron que Hinojosa Zamora solicitó al Ministerio Público determinar el no ejercicio de la acción penal.
Ante esta situación, los familiares pidieron la intervención de las autoridades estatales para que el procedimiento avance y se determine jurídicamente si existe o no responsabilidad del fedatario, quien, señalaron, continúa desempeñando sus funciones.
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El artículo 277 del Código Penal para el Estado de Hidalgo establece sanciones para profesionistas o técnicos que, durante el ejercicio de su actividad, ocasionen daños o pongan en riesgo el patrimonio de otras personas, con penas que pueden alcanzar cinco años de prisión, además de la suspensión temporal para ejercer la profesión.
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