En su más reciente libro El futuro de la democracia (Galaxia Gutenberg, Barcelona, 2026), el reconocido profesor de la Universidad del País Vasco y del Instituto Europeo de Florencia, dedica un capítulo a una de las principales manifestaciones de la actual crisis de la democracia liberal: la falta de equilibrio entre los poderes judicial y legislativo.
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Para el también director del Instituto de Gobernanza Democrática, hay una modificación progresiva del paisaje constitucional, aleja las decisiones del alcance de las instituciones mayoritarias, generando la ahora conocida como “juristocracia pospolítica”, término desarrollado por el destacado politólogo israelí Ran Hirschl hace dos décadas en su libro Towards Juristocracy : The origins and consecuences or the New Constitucionalism (Harvard University Press, Cambridge, 2007) para explicar el distanciamiento jurídico de las democracias, estrechamiento del campo de acción política, contracción sistémica –dice-, de lo políticamente posible.
Apunta, además, la apreciación de cierta mentalidad judicial, de un poder legislativo convertido “en el más peligroso brazo del gobierno”, ante lo cual se requiere limitar el poder de las mayorías parlamentarias. Y alude al prejuicio de suponer a los enemigos de la democracia ubicados siempre en el ámbito de la política y sus amigos en el del derecho, lo cual conduce a ignorar el carácter político del derecho y al desprecio de la legitimidad electoral de la política.
Innerarity observa la devaluación de lo político frente a lo jurídico, dando paso a una democracia constreñida y disciplinada. Lo ejemplifica con las decisiones judiciales desplazantes del terreno político, de los parlamentos al sistema judicial, cuando los organismos concebidos para funcionar apolítica y neutralmente, incrementan el conflicto político en torno a ellos mismos.
A manera de ejemplo cita el de los tribunales norteamericanos concediendo al presidente Trump la inmunidad, cuando los demócratas habían apostado a derrotarlo en los tribunales, no en las elecciones. De ahí concluye la conversión del derecho en la continuación de la política por medios diferentes.
Hace otra observación importarte: la teoría clásica del checks and balances, (contrapesos y equilibrios) presenta hoy más contrapesos, esto es, crece la sustitución de la política por el derecho, estrategia – dice – para sustraer cada vez más asuntos de su disponibilidad democrática; mayorías políticas imposibilitadas de conseguir acuerdos por tener enfrente un gremio de jueces, no elegidos ni obligados a la rendición de cuentas. Ante ello se pregunta cómo verificar el principio de poderes emanados del pueblo, en el caso del poder judicial.
Después justifica: la correcta politización de la justicia es el intento de devolver a la escena de las mayorías políticas demasiadas cosas desplazadas hacia el ámbito judicial, neutral supuestamente, donde es otro tipo de mayorías el válido, es decir, donde se hace una política diferente.
El punto para el profesor vasco es cuestionar la presuposición de neutralidad e imparcialidad de ciertos poderes, incluso el marco dominante, pues el llamado a proteger el Estado de derecho no lo observa tan neutral como pretende, pues algunos de los principios defendibles son también opciones políticas contingentes y discutibles.
Y llega al meollo: hay una concepción de lo jurídico como apolítico, jurídicamente inocente, es decir con la carga de la neutralidad y la superioridad indiscutible del experto.
Entre otros aspectos importantes aborda el de la división de poderes. No significa – señala – un atropellamiento de los correspondientes a cada uno, principalmente a un legislativo cercado por el judicial.
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Concluye Innerarity: si demasiados asuntos eminentemente políticos terminan en los tribunales es porque la política no logra resolverlos y se les ha conferido a los tribunales esa potestad; cuando eso ocurre es inevitable la actuación partidista de los tribunales. De ahí la cuestión a resolver: cómo alcanzamos el equilibrio adecuado entre estabilidad jurídica y el espacio móvil y modificable de la vida democrática.
En el complejo – así se advierte – atrio de las próximas elecciones mexicanas, el tema de la juristocracia está necesariamente listado en la conversación.
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