Esta semana la Comisión Nacional del Agua (Conagua), deberá entregar el dictamen técnico sobre el relleno sanitario de Tula de Allende, mediante el cual se determinará si existe algún riesgo de contaminación de los mantos acuíferos por el proyecto, informó la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo (Semarnath), Mónica Patricia Mixtega Trejo.
La funcionaria explicó que el Congreso del Estado otorgó a Conagua un plazo de 15 días hábiles para analizar los estudios relacionados con el proyecto y emitir un dictamen. Hasta la semana pasada habían transcurrido 10 días hábiles, por lo que el plazo concluirá durante esta semana.
La revisión de la autoridad federal fue solicitada luego de que habitantes de la región manifestaran su preocupación por un posible impacto en los mantos acuíferos. Ante ello, la Semarnath entregó a Conagua el expediente completo del proyecto, además de participar en una mesa de trabajo con pobladores y representantes del movimiento opositor.
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Mixtega Trejo sostuvo que la autorización ambiental otorgada al relleno sanitario se realizó con base en estudios científicos y en los requisitos establecidos por la normativa vigente, por lo que, hasta este momento, la dependencia estatal no considera que exista contaminación.
Sin embargo, reconoció que existe una controversia con habitantes de la zona, quienes mantienen el temor de que el proyecto pueda afectar el agua subterránea. Por ello, será Conagua, como autoridad especializada en materia de aguas nacionales, la que determine si los estudios permiten descartar o confirmar algún riesgo.
La secretaria advirtió que, si el dictamen federal determina que existe una posibilidad de contaminación, la Semarnath tendría que actuar y revisar la autorización ambiental.
Proyecto cumple con requisitos ambientales
Mixtega Trejo defendió que, antes de otorgar la autorización ambiental, la Semarnath verificó que el sitio cumpliera con los criterios establecidos en la normativa.
Entre ellos, explicó, se encuentra que el terreno se ubique fuera de áreas naturales protegidas, a más de 500 metros de localidades con más de 2 mil 500 habitantes, de cuerpos de agua superficiales y de pozos de extracción, además de encontrarse fuera de zonas de inundación, humedales y otros ecosistemas considerados sensibles.
Añadió que la empresa Marsacot presentó estudios geológicos, hidrogeológicos, hidrológicos, topográficos y geotécnicos, así como análisis relacionados con la generación de residuos, biogás y lixiviados.
Uno de los documentos que mayor preocupación ha generado entre la población es el estudio hidrogeológico, debido a que analiza el comportamiento del agua subterránea, las características del acuífero y el sistema de flujo.
Respecto a la infraestructura, señaló que el proyecto contempla sistemas de impermeabilización mediante geotextil y geomembrana para evitar que los lixiviados lleguen al subsuelo, además de mecanismos para su captación y tratamiento.
También considera sistemas para la extracción de biogás, drenaje de aguas pluviales, áreas de emergencia y un manual de operación para el manejo de los residuos.
La funcionaria agregó que el funcionamiento contempla la compactación y cobertura de los residuos, control de fauna nociva y manejo de aguas pluviales para reducir el riesgo de filtraciones.
Asimismo, aseguró que el sitio se encuentra a más de cuatro kilómetros de los manantiales de Cerro Colorado, una distancia superior a los 500 metros mínimos establecidos por la normativa.
Semarnath defiende rellenos sanitarios ante tiraderos a cielo abierto
La secretaria también llamó a reconocer la diferencia entre un relleno sanitario que cuenta con infraestructura de control ambiental y los tiraderos a cielo abierto.
Consideró que los rellenos sanitarios permiten reducir el riesgo de infiltración de lixiviados hacia los mantos freáticos, mientras que los tiraderos a cielo abierto representan una fuente directa de contaminación.
“La población debe tomar conciencia que los tiraderos a cielo abierto es una contaminación inminente y directa”, afirmó.
Recordó que el tratamiento, transporte y disposición final de los residuos, así como la clausura de los tiraderos a cielo abierto, son responsabilidad de los municipios.
No obstante, señaló que la Semarnath busca que el cierre de estos espacios vaya acompañado de un proceso de saneamiento.
Como ejemplo, mencionó el caso de Tezontepec de Aldama, donde la presidenta municipal se acercó recientemente a la dependencia para presentar un plan de trabajo para atender un sitio de disposición de residuos y solicitó tiempo para resolver aspectos administrativos y presupuestales.
Más de 70% de la contaminación en la región de Tula es competencia federal
Respecto a la contaminación que afecta a la región de Tula, Mixtega Trejo reconoció que existe una problemática ambiental importante, pero puntualizó que más del 70 por ciento corresponde a competencias del ámbito federal.
Explicó que las empresas instaladas en la zona que generan parte de las emisiones y afectaciones ambientales son de regulación federal, por lo que la supervisión corresponde principalmente a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
Indicó que actualmente se encuentran a la espera del programa de restauración de la región, en el que participan tanto autoridades federales como estatales.
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Advierten posible uso político de conflictos ambientales
Ante la resistencia que se ha registrado en los últimos meses contra diversos proyectos ambientales en Hidalgo, entre ellos rellenos sanitarios, el parque de economía circular y parques fotovoltaicos, la secretaria consideró que algunos conflictos podrían estar relacionados con el próximo proceso electoral.
“El próximo año viene un proceso electoral importante, entonces desafortunadamente muchas veces los temas ambientales se utilizan como bandera”, señaló.
No obstante, dijo esperar que las expresiones de rechazo respondan realmente a una preocupación ambiental y no a intereses políticos.
Consideró que, si el reclamo ciudadano se debe exclusivamente al temor de contaminación y las autoridades técnicas determinan que no existe riesgo, entonces los proyectos deberían poder avanzar.
La funcionaria rechazó que toda la población esté en contra de este tipo de proyectos y aseguró que también existen ciudadanos que se han acercado a la dependencia para manifestar que prefieren contar con un relleno sanitario con infraestructura adecuada antes que mantener numerosos tiraderos a cielo abierto.
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