La pandemia por Covid y los requerimientos en salud se convirtieron en las vías que el gobierno de Omar Fayad habría utilizado para favorecer a proveedores con contratos millonarios, en los que fueron beneficiados familiares de funcionarios federales, empresas factureras que simularon compras, y ahora se sabe operadores de grupos delictivos, que nunca pasaron por el tamiz de la transparencia, pues habrían sido recomendaciones políticas.
Así, por ejemplo, el hijo de Manuel Bartlelt entonces director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) León Manuel Bartlelt Álvarez, obtuvo un contrato por 31 millones de pesos en abril del 2020 a través de la empresa Cyber Robotics Solutions, por la compra de 20 ventiladores hospitalarios para la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Pachuca, la irregularidad cayó junto a la entonces delegada Claudia Díaz Pérez, tras comprobarse que compraron el equipo a sobreprecio. El hilo se rompió por lo más delgado.
Actualmente se encuentra en prisión vinculado a proceso, el ex oficial mayor del gobierno estatal, por presunto peculado y uso ilícito de atribuciones Martiniano V.O., y fue liberado tras pagar 9 millones de pesos Víctor Eloy Porras Oaxaca, exdirector de recursos materiales y servicios, tras declararse culpable al haber simulado la compra de 38 mil litros de crema antiséptica para Covid a la empresa Remaco Servicios empresariales S.A de C.V., de Luis Alberto Monroy Villalobos, quien aparece como contratista del gobierno en tres empresas, este último es el eslabón para saber a donde fueron a parar los millones de pesos y quien se benefició de este hecho relacionado con la denominada “estafa siniestra”.
Pero en salud, ahora aparecieron los contratos firmados por el exsubsecretario de administración y finanzas de la Secretaría de Salud, Ignacio Valdez Benítez, en favor de la empresa Inmedicen S.A. de C.V. fundada en el estado de Chiapas por Justo Aurelio Rivera Parrazales, detenido apenas el fin de semana en Merida Yucatán y señalado como presunto operador financiero de los grupos delictivos del “Noreste” y “La barredora”, para quienes habría lavado dinero.
Entre los contratos obtenidos por Inmedicen, que también fueron validados por la Maribel Molina Hernández, exsubdirectora de adquisiciones de salud y Gabriela Vergara Villalobos, exencargada del departamento de adquisiciones, ambas todavía funcionarias en la actual administración, una en la Secretaría de Bienestar (SEBISO) otra comisionada de la Secretaría de Salud de acuerdo con el registro de personal del gobierno estatal, figuran el EH-SSH-N168-2018; EH-SSH-N134-2018; EH-SSH-N114-2018 y EML-433-2019, que en total suman más de 80 millones de pesos.
Estos fueron para equipamiento, compra de camas, equipo e insumos para enfrentar la pandemia en hospitales de 10 municipios del estado, entre estos, Pachuca, Huehuetla, Actopan, Ixmiquilpan y Huichapan.
De acuerdo con fuentes consultadas e información obtenida por este columnista, la recomendación de la empresa del presunto operador financiero de grupos delictivos, llegó vía los exgobernadores de Chiapas y Tabasco, Rutilo Escandón Cárdenas y Adán Augusto López, el primero actualmente cónsul de nuestro país en Miami y el segundo senador de la República.
Hasta ahora, no hay ninguna investigación de estos contratos ni tampoco irregularidades detectadas por la Contraloría del estado o el órgano interno de la Secretaría de Salud, aunque habrá que ver hasta dónde llegan las de la Fiscalía General de la República (FGR) y que tanto salpican a exfuncionarios del gobierno de Fayad Meneses, actual embajador en Noruega, por lo pronto, el único exsubsecretario que participó en estos contratos, Ignacio Valdez Benitez, está inhabilitado para desempeñar un cargo público por la Contraloría estatal, pero por el caso Accendo que provocó un daño patrimonial de más de 800 millones de pesos al estado, de los cuales el citado exfuncionario habría depositado 57 millones de la Secretaria de Salud.
De mi tintero… Sacar las manos políticas y el tinte electoral de las tareas de reconstrucción en las zonas afectadas por las viviendas, hasta ahora ha sido una de las decisiones más acertadas de la actual administración, más de mil 930 millones de pesos han permitido avances en la reconstrucción y quizá por ahora, lo más complejo será la reconstrucción de 2 mil 866 viviendas, algunas de las cuales recibirán el apoyo directo…A menos de dos meses, en el Senado los hidalguenses ya alistan sus informes, por lo pronto, todo indica que, Simey Olvera ya tiene definido el lugar y la fecha de arranque, será en el mes patrio y una zona indígena.
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crs
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