La iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de Hidalgo deberá analizarse con mayor detenimiento para someterla a votación hasta que se consoliden las reformas a nivel nacional, particularmente en lo que respecta con el proceso de elección de jueces y magistrados, informó la diputada Lizbeth Iraís Ordaz.
Durante la mañana del martes, la titular del Poder Judicial del Estado entregó al Congreso local las propuestas de reforma a La Ley Orgánica del Poder Judicial de Hidalgo y la Ley de Mecanismos Alternativos y Solución de Controversias las cuales serán turnadas a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales que preside la legisladora.
Explicó que ante las posibles adecuaciones que se harán a nivel nacional en materia judicial como el cambio de fecha de las votaciones para jueces y magistrados de 2027 a 2028, entre otros, deberán esperar para hacer un análisis adecuado del proyecto, “no queremos hacerlo de manera apresurada” comentó.
Sin embargo, a segunda propuesta en materia de mecanismos alternativos y solución de conflictos, podría estarse aprobando antes, aunque ello dependerá de la carga de proyectos en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales.
Tras haber entregado las propuestas al Poder Legislativo, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Rebeca Aladro Echeverría, explicó que ambas propuestas son resultado de un análisis técnico e institucional que buscan optimizar la organización y funcionamiento del Poder Judicial.
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De la misma forma, se pretende impulsar una cultura de paz mediante el fortalecimiento de los mecanismos alternativos de solución de conflictos e incorporar avances que amplían lo previsto en la legislación general, como la mediación indígena, justicia restaurativa y creación de centros públicos de solución de controversias.
Durante la presentación, detalló que el Poder Judicial atiende alrededor de 54 mil asuntos al año, principalmente en materias civil y familiar, lo que hace indispensable promover vías alternas que permitan resolver conflictos de forma más ágil, preservar los vínculos familiares y sociales, reducir la carga judicial y garantizar una atención más oportuna a la ciudadanía.
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