Hace un año, a nivel regional, se empezó a hablar activamente sobre el derecho al cuidado. La Corte Interamericana emitió una Opinión Consultiva en donde fue reconocido como un derecho humano autónomo.
En México no es una conversación nueva; en 2017, cuando la Ciudad de México emitió su Constitución, se reconoció como un derecho autónomo.
Sin embargo, no fue hasta hace unos años que un grupo de personas cuidadoras, acompañadas de las abogadas Úrsula Amaranta Martínez y Priscila Monge, presentaron varios amparos para exigir al Congreso de la Ciudad de México que cumpliera con sus obligaciones constitucionales y normara este derecho para crear el Sistema de Cuidados. El resultado de este litigio: 4 sentencias favorables y 10 tesis que marcan un camino firme para el reconocimiento de este derecho.
Mientras escribo esta columna, el Congreso de la Ciudad de México está votando la Ley del Sistema de Cuidados de la Ciudad de México. Espero que el Congreso esté a la altura y se apruebe por unanimidad.
En nuestro estado, recientemente se aprobó la adición de un último párrafo al artículo 5 para reconocerlo como un derecho. Aunque celebro este paso importante, es crucial que el Congreso proceda a crear la ley para que el Sistema de Cuidados sea una realidad en Hidalgo.
Ojalá no tomen casi 10 años, como fue el caso de la Ciudad de México, para garantizar este derecho.
Los cuidados son un derecho de todas las personas. Aunque tradicionalmente las funciones han recaído en las mujeres cis, sabemos que también las personas racializadas, indígenas y de las disidencias sexogenéricas realizan estas labores, a veces mal remuneradas, otras ni siquiera con un pago o reconocimiento. No tener garantizado este derecho permite que la desigualdad continúe enraizándose en nuestra sociedad y obstaculiza el ejercicio de derechos fundamentales como al trabajo, a la educación y a la salud.
Temas que requieren atención, como el cuidado de la niñez y la adolescencia, de personas con uso problemático de sustancias, con discapacidad, con enfermedades terminales o crónico-degenerativas, personas que requieren cuidados de salud —incluidos de salud mental— y personas adultas, podrían atenderse de forma integral si se aprueba una ley y un presupuesto adecuado.
Es urgente legislar.
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