El Gobierno estatal determinó revocar y dejar sin efectos el decreto publicado originalmente el 19 de enero de 2009, mediante el cual se había autorizado la donación gratuita de un terreno de 4 mil 200 metros cuadrados a favor de la persona moral denominada “Asociación Down Hidalguense, A.C.”.
La medida, publicada recientemente en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo (POEH), extingue de forma definitiva la cesión del inmueble localizado en el predio Campo de Aviación, sobre la carretera México-Pachuca y a espaldas del Museo Interactivo El Rehilete, en el municipio de Pachuca, cuya propiedad legal se mantiene a nombre del Estado.
La anulación del decreto ocurre tras detectarse que, a 17 años del dictamen inicial, la donación autorizada jamás fue formalizada ni legalizada mediante la celebración y debida protocolización del contrato de donación correspondiente. Además, las investigaciones dentro de los antecedentes administrativos revelaron que la entrega del predio no surgió por una solicitud directa de la Asociación Down Hidalguense, sino por una petición de la entonces Secretaría de Obras Públicas, Comunicaciones, Transportes y Asentamientos mediante el oficio D-2/1204/2008 del 27 de agosto de 2008, lo que llevó a la entonces Secretaría de Administración a tramitar el decreto definitivo en septiembre de ese mismo año.
Para llevar a cabo la revocación, la actual administración estatal solicitó un informe exhaustivo al Instituto de la Función Registral del Estado de Hidalgo (IFREH). Mediante el oficio número IFREH/DIR/325/2026, fechado el 31 de marzo de 2026, el director general de dicho instituto notificó que, tras una búsqueda minuciosa en los archivos de las 17 oficinas registrales de la entidad, no se encontró ninguna propiedad ni registro de bienes inmuebles inscrito a nombre de la mencionada asociación civil, confirmando el abandono jurídico del trámite y justificando el retorno del predio al patrimonio del estado.
De acuerdo con la publicación oficial, esta medida también se fundamenta en el marco de las acciones de revisión, regularización y mejor aprovechamiento del patrimonio inmobiliario estatal que lleva a cabo la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo. El documento señala que resulta necesario definir la situación jurídica del inmueble materia del instrumento, a efecto de que el Estado cuente con certeza respecto de su régimen patrimonial y, en su caso, pueda destinarlo al cumplimiento de fines de interés público y beneficio colectivo para la población.
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