La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH), Ana Karen Parra Bonilla, aclaró que la denuncia por abuso de confianza presentada por el organismo autónomo no está dirigida contra el actual oficial mayor, luego de que el caso ya fuera judicializado ante los Juzgados Penales de Control, Juicio Oral y Ejecución de Pachuca.
La ombudsperson explicó que la carpeta de investigación deriva del robo de una camioneta propiedad de la comisión y enfatizó que el proceso legal no pone en riesgo el funcionamiento de la Oficialía Mayor ni involucra al servidor público que actualmente ocupa ese cargo.
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“El oficial mayor está conmigo, es el contador Leandro Werner. Esa carpeta no atiende absolutamente nada que tenga que ver con esa situación que ponga en riesgo la Oficialía Mayor”, declaró.
La titular de la CDHEH señaló que la denuncia fue presentada por la propia comisión hace aproximadamente año y medio, tras detectarse presuntas irregularidades relacionadas con el bien desaparecido.
“Es una denuncia que nosotros iniciamos y que se va a estar judicializando. No sé por qué siquiera se relaciona con el oficial mayor actual”, expresó.
De acuerdo con información judicial, el asunto, ya tuvo una audiencia inicial ante un juez, quien concedió al imputado un plazo de 144 horas para analizar el caso antes de continuar con el proceso.
Aunque el nombre del presunto responsable fue reservado por las autoridades, anteriormente trascendió que Leandro Werner G. H., titular de la Oficialía Mayor del organismo autónomo, promovió un juicio de amparo ante el Juzgado Segundo de Distrito del Estado de Hidalgo, contra posibles actos privativos de la libertad relacionados con una investigación en su contra.
Sin embargo, Ana Karen Parra insistió en que la denuncia no está dirigida contra el actual oficial mayor y lamentó que se pretenda desviar la información.
“Si yo hubiera denunciado al oficial mayor, ya no sería mi oficial mayor. Yo creo que hay que ser más responsables; nosotros no salimos a desmentir cosas que no tienen validez y obviamente tenemos la tranquilidad de que jurídicamente hicimos lo correcto”, señaló.
La presidenta de la comisión reiteró que el caso corresponde a un presunto abuso de confianza vinculado al robo de una camioneta y que será la autoridad ministerial y judicial quien determine si existió responsabilidad directa o algún tipo de complicidad.
“El bien no se ha incorporado, pero daremos batalla. Fue un robo; la autoridad determinará si hubo responsabilidad o fue complicidad, porque el proceso lo tendrá que decir”, comentó.
Asimismo, confirmó que sí existe una persona identificada como probable responsable, aunque evitó precisar el cargo que ocupaba debido a que el proceso continúa en investigación.
“Sí hay un responsable, pero por el proceso no puedo decir. Ya no trabaja en la comisión y es por abuso de confianza”, indicó.
Parra Bonilla sostuvo que laborar dentro de un organismo autónomo no exime a ningún funcionario de enfrentar consecuencias legales cuando existen actos que puedan constituir un delito.
“El trabajar en una institución, en un organismo autónomo, de buena fe, no excluye a los funcionarios de tener responsabilidades cuando hay una actuación que se pone en entredicho, sobre todo que pueda ser cuestionable como un delito”, afirmó.
Añadió que actualmente corresponde al Ministerio Público y posteriormente al juez determinar si existen elementos suficientes para vincular o no a proceso al imputado.
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