Por: Dr. Hugo De la Cuadra | Seguridad, Estado y legalidad
La muerte de dos agentes estadounidenses cuya presencia operativa en Chihuahua no
habría sido plenamente informada y las acusaciones formuladas en Estados Unidos contra
actores políticos de Sinaloa, colocan sobre la mesa una pregunta mayor: ¿cómo coopera una nación con su vecino más poderoso sin ceder el mando jurídico de su propio territorio?
La respuesta no puede ser el repliegue nacionalista ni la entrega acrítica. México necesita cooperación internacional, inteligencia compartida, asistencia jurídica y una coordinación real frente a amenazas transnacionales como el narcotráfico, el tráfico de armas, el lavado de dinero y la corrupción.
Pero esa cooperación solo es legítima si pasa por la Constitución, los tratados, las fiscalías competentes, la cancillería y los jueces. Fuera de ese cauce, la cooperación deja de ser alianza y empieza a parecer injerencia.
La soberanía moderna no se defiende con discursos, sino con instituciones que funcionan.
Por ello, cuando existen señalamientos contra servidores públicos, deben investigarse con seriedad, sin encubrimientos partidistas ni linchamientos diplomáticos. La presunción de inocencia no es blindaje político, es una garantía jurídica. Y la exigencia de pruebas no es evasión, es condición elemental del Estado de derecho.
Ningún gobierno extranjero puede operar en México al margen de las autoridades mexicanas. Deben comprender que la seguridad compartida no autoriza atajos y que la confianza bilateral se construye con información clara, trazabilidad operativa y respeto institucional, es importante destacar que, “cuando las agencias actúan sin transparencia no fortalecen la cooperación, la contaminan”.
México debe transitar hacia la premisa donde quede claro que la cooperación internacional en materia de seguridad no debilita la soberanía cuando se ejerce con reglas claras, instituciones firmes y conducción nacional; por el contrario, la fortalece.
Lo que no puede admitirse es que la urgencia de los hechos sustituya al Estado de derecho, ni que la presión externa desplace la responsabilidad constitucional de nuestras autoridades.
Frente a Chihuahua, Sinaloa o cualquier otro territorio bajo tensión, la respuesta no debe ser el repliegue ni la confrontación vacía, sino una política seria, coordinada y transparente:colaborar sin ceder mando, compartir inteligencia sin entregar jurisdicción, construir confianza sin renunciar a la dignidad nacional.
Porque en seguridad, como en soberanía, México no necesita gritar para hacerse respetar; necesita actuar con firmeza, legalidad y visión de Estado.
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