La diputada local Paloma Barragán Santos propuso establecer en el marco normativo estatal la responsabilidad del Estado de garantizar una defensa jurídica especializada para niñas, niños y adolescentes en contexto de movilidad, cuanto estos se encuentren en situación de tránsito, retorno asistido o procesos de repatriación.
En su propuesta, detalló que durante el año 2024 y el inicio de 2025, el volumen de menores de edad en situación de retorno se incrementó, haciendo evidente la necesidad de proporcionarles asesoramiento y acompañamiento legal gratuito para garantizar su protección.
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Actualmente, las leyes estatales no regulan esta intervención, por lo que se busca que los menores puedan acceder a estos servicios dotando a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, competencias para proporcionar de manera directa o coordinar la prestación de estos servicios técnicos.
Asimismo, indicó que se debe delimitar el alcance de las autoridades para que su actuación opere como un enlace institucional coadyuvante en la protección integral, salvaguardando y respetando en todo momento las atribuciones exclusivas de las autoridades federales en materia migratoria.
Con base en ello, se propuso establecer en la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado el derecho de los menores a una defensa jurídica técnica y especializada en contextos de movilidad humana, la cual deberá ser garantizada y provista por el Estado de forma irrestricta y gratuita a través de profesionales del derecho debidamente capacitados.
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De igual forma, se especifica que la Procuraduría de Protección al Menor deberá coordinar, canalizar y vigilar la prestación de los servicios de defensa jurídica asegurando su debida participación procesal e informada.
Tratándose de procedimientos administrativos y jurisdiccionales de federal, la Procuraduría fungirá como el enlace institucional para garantizar la restitución y protección integral de las infancias migrantes.
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