Luego de que La Jornada Hidalgo revelara la aprobación de un bono denominado “ISR” por un monto total de 1 millón 633 mil 800 pesos a finales de 2025, destinado exclusivamente a los regidores de Tulancingo, el síndico hacendario Pedro Hiram Soto Márquez y la regidora Dora Luz Guzmán (PT) fijaron su postura, calificando el pago como un exceso y denunciando presuntas irregularidades en su manejo.
El Síndico Hacendario señaló en entrevista que, en las sesiones de trabajo con la Tesorería Municipal, se les informó inicialmente que el recurso funcionaría como un aguinaldo.
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Sin embargo, posteriormente se le cambió la denominación a “ISR”, un movimiento que el funcionario cuestionó técnicamente, pues recordó que las deducciones de impuestos son responsabilidad de cada contribuyente al realizar su declaración.
Aunque reconoció que la ley permite a los servidores públicos percibir honorarios bajo conceptos como bonos o aguinaldos —siempre que estén previstos en el presupuesto—, subrayó su rechazo ético a la medida.
“No estuve de acuerdo, voté en contra y pedí que no se me depositara la cantidad; y no se me depositó”, enfatizó.
Un exceso sobre otro exceso
Para el síndico, la gravedad del asunto radica en la duplicidad de beneficios que estarían percibiendo algunos integrantes del cabildo.
“Me parece un exceso que algunos estén recibiendo el bono especial de 200 mil pesos (derivado de la red de presuntos apoyos sociales simulados) y que, además, reciban este bono de aguinaldo”, expresó.
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Por su parte, la regidora del Partido del Trabajo, Dora Luz Guzmán, se sumó al rechazo de este beneficio económico. La asambleísta confirmó que, aunque no aceptó el recurso, el monto fue registrado en la nómina municipal. Al no haber sido cobrado por ella, denunció que ese dinero pasó a ser un remanente cuyo destino final se desconoce.
“No basta con reducir regidores”: Síndico pide fin a privilegios económicos
Soto Márquez respaldó la propuesta de reforma de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, enfocada en la eliminación de regidurías en los municipios (conocida como el Plan B). Sin embargo, consideró que, más allá de reducir el número de representantes, es urgente desterrar los vicios arraigados en el manejo de los recursos públicos municipales, los cuales permiten este tipo de privilegios económicos frente a las carencias de la población.
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