El Plan B de reforma electoral propone reducir privilegios, recortar gastos del Senado y aumentar la participación ciudadana.

Sheinbaum envía Plan B de reforma electoral al Senado con recortes y nuevos límites

El Plan B de reforma electoral impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum plantea una serie de cambios a leyes secundarias con el objetivo de reducir gastos, eliminar privilegios y aumentar la participación ciudadana en los procesos democráticos.

La propuesta, que será enviada al Senado de la República, busca modificar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos.

¿Qué incluye el Plan B de reforma electoral?

Entre los principales puntos del Plan B de reforma electoral destacan medidas de austeridad y control del gasto público:

Menos privilegios en gobiernos locales

La iniciativa propone limitar el número de regidores en los municipios. Actualmente, en algunos casos existen hasta 25 integrantes en los cabildos; sin embargo, con la reforma se establecería un rango de entre 7 y 15, dependiendo de la población.

Además, se plantea que ningún funcionario municipal —incluidos presidentes municipales y regidores— pueda recibir bonos o ingresos adicionales fuera de su salario.

Topes al gasto en congresos y Senado

Otro punto relevante es la reducción del gasto público. Se propone que los congresos locales no excedan el 0.70% del presupuesto estatal. Aquellos que superen ese límite deberán reducirlo.

Asimismo, el Senado de la República tendría una reducción del 15% en su presupuesto como parte de la política de austeridad.

Salarios y fiscalización: ejes clave

El Plan B de reforma electoral también establece límites a los ingresos de consejeros y magistrados electorales, quienes no podrán ganar más que la titular del Ejecutivo federal.

La presidenta Claudia Sheinbaum subrayó que se busca mayor transparencia en el manejo de recursos de los partidos políticos, incluyendo la obligación de reportar ingresos y evitar beneficios adicionales como seguros o bonos.

Mayor vigilancia de recursos

Se contempla que el Instituto Nacional Electoral pueda solicitar apoyo de la Unidad de Inteligencia Financiera para investigar el origen de los recursos de los partidos, con el fin de evitar desvíos o financiamiento ilícito.

Cambios en la revocación de mandato

Uno de los ajustes más relevantes es la modificación en la consulta de revocación de mandato. Con la reforma, este ejercicio se realizaría el primer domingo de junio del tercer año de gobierno, y no en el cuarto como ocurre actualmente.

Esto permitiría una participación más temprana de la ciudadanía en la evaluación de sus gobernantes.

Elección del Poder Judicial en 2027

En cuanto a la renovación del Poder Judicial, Claudia Sheinbaum confirmó que se mantiene la propuesta de realizar la elección en 2027.

La iniciativa también busca simplificar las boletas electorales, reducir el número de candidatos y fortalecer la revisión de perfiles por parte de comisiones de los tres poderes.

Objetivo: austeridad y participación

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, explicó que la iniciativa mantiene como eje central la austeridad republicana.

Se busca reducir costos en procesos electorales y partidos políticos, bajo la premisa de “menos privilegios y más participación”.

Además, enfatizó que los recursos ahorrados podrían destinarse a infraestructura social en beneficio de los municipios.

Reformas a leyes secundarias

El proyecto contempla modificaciones a siete artículos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y cinco artículos de la Ley General de Partidos Políticos.

La propuesta surge luego de que cambios previos en materia electoral no lograran consenso en el Congreso, por lo que este nuevo planteamiento se enfoca en ajustes legales que no requieren reforma constitucional.

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