El contralor del estado, Álvaro Bardales Ramírez, aseguró que los 721.4 millones de pesos observados al gobierno del estado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), obedecen en su mayoría (600 millones) al Impuesto Sobre Nómina (ISN).
Además, involucró a la Oficialía Mayor, Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH), Congreso del estado y Secretaría de Salud del estado (SSH), pero aseguró que se atienden y en el plazo establecido de 90 días, que concluye el 31 de marzo, solventarán las irregularidades.
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Asimismo, recalcó que los más de 721.4 millones de pesos observados, ubicó a Hidalgo en un rango medio a nivel nacional de los estados con mayores observaciones, y solo representó el 1.2 por ciento del gasto federalizado entregado a las entidades.
“La ASF no realizó vistas a diversas instancias, no hubo faltas administrativas graves, solo se instruyó a la Contraloría hacer una investigación complementaria, como el conflicto de intereses (del diputado federal morenista Ricardo Crespo y la empresa de sus hermanos), o inspección de obras públicas y cuidar que los entes respondan en plazo”, refirió en la conferencia semanal matutina estatal.
Municipios también deberán aclarar recursos
De igual manera, aseguró que respecto a los más de 749.3 millones de pesos que fueron observados a 30 municipios, el cambio de gobiernos municipales y la falta de capacitación al personal del ayuntamiento encargado de subir la información a la plataforma del organismo autónomo, generó dichos señalamientos en el gasto de diversos fondos.
Bardales Ramírez puntualizó que “a la fecha no existen observaciones graves que impliquen fincar responsabilidades; además, no se emitieron pliegos para el reembolso de recursos”.
En ese sentido, el contralor hizo hincapié en que las observaciones derivaron de la falta de capacitación al personal y por el cambio de gobiernos municipales.
Esto, ya que hubo una fiscalización masiva, pues se aplicó la auditoría colmena que fue completamente digital, lo que no solo duplicó el número de municipios auditados en el país, sino que de forma inmediata se auditaron todos los fondos federales.
“En muchos casos era la primera vez que se sometían a una fiscalización bajo reglas estrictamente electrónicas. El origen de la observación fue de forma, por problemas en la carga de datos, no de fondo, porque no hubo desvío de recursos.
“La implementación del sistema digital de la ASF fue sin capacitación previa de la federación para que los funcionarios de los municipios conocieran la forma de usar la plataforma”, ya que en 2024 hubo cambio de administraciones municipales y los nuevos empleados tenían solo cuatro meses en el cargo, lo que provocó un desfase, explicó el contralor.
Cabe mencionar que 30 municipios deben aclarar el destino de 749 millones 395 mil 108.88 pesos, ya que, entre otros rubros, no comprobaron el destino de los recursos recibidos en 2024, mientras que otros llevaron a cabo adquisiciones de diversa índole, pero no comprobaron el resguardo o destino de los bienes.
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Los municipios con mayor número de observaciones fueron Pachuca, Huejutla, Tepehuacán y Huichapan. Del primero, debe aclarar el destino de 109 millones 558 mil 899.93 pesos relacionados con el servicio médico para sindicalizados; de instalación, reparación y mantenimiento de semáforo; la adquisición de uniformes; equipo terrestre (bicicletas); material eléctrico; obras en diversas colonias de Pachuca, entre otros.
En tanto, Tepehuacán debe aclarar 209.2 millones de pesos, de los cuales más de 104 millones corresponden al FAISMUN, más de 29 millones al FORTAMUN y 76.1 millones a Participaciones Federales a Municipios, pues se desconoce el destino de las erogaciones.
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