Las organizaciones civiles Di Ramona y Red VIHve alertaron sobre la crítica situación que atraviesa la Clínica No. 36 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Pachuca. De acuerdo con las agrupaciones, la deficiente gestión administrativa en el suministro de medicamentos antirretrovirales mantiene actualmente a cerca de 2 mil personas que viven con VIH en una situación de vulnerabilidad extrema al enfrentar la interrupción de sus tratamientos vitales.
¿Qué originó el problema?
Explicaron que el conflicto se origina tras los recientes cambios en los esquemas de tratamiento a nivel nacional, donde el fármaco Dovato ha sido incorporado como opción de primera línea en sustitución de Biktaryv. No obstante, lo que debió ser una transición administrativa se ha convertido en una barrera de acceso que genera retrasos sistemáticos en el resurtimiento de recetas.
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Las organizaciones enfatizaron que la continuidad del tratamiento no es un trámite burocrático, sino un estándar básico de atención médica cuya suspensión pone en riesgo la salud individual, compromete la supresión viral y favorece la aparición de resistencias farmacológicas.
Expusieron que el impacto de este desabasto trasciende el ámbito clínico y se extiende a la estabilidad emocional y económica de los derechohabientes. La incertidumbre frente al acceso al medicamento genera cuadros de ansiedad y estrés ante la posibilidad de perder la indetectabilidad, que para muchos representa el control sobre su propia vida. A esto se suman afectaciones económicas derivadas de traslados constantes, gastos en alimentación y riesgos de descuentos salariales por permisos laborales reiterados para acudir a una clínica que no ofrece soluciones inmediatas.
Ante lo que califican como un acto de violencia institucional y una grave vulneración al derecho humano a la salud, Di Ramona y Red VIHve exigieron la garantía inmediata y continua del suministro de los fármacos.
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Exigen protocolos claros y suministro continuo
Asimismo, demandaron la creación de protocolos públicos y claros para la transición de esquemas, una comunicación directa y oportuna con los usuarios, y el establecimiento de mecanismos efectivos de supervisión para evitar que estos episodios de desabasto se repitan.
Las colectivas concluyeron que la atención médica es una obligación del Estado que debe garantizarse sin excusas, respondiendo con organización comunitaria frente al abandono institucional.
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