Para una nación como la mexicana no es posible pretender, ni conviene hacerlo, la homogeneidad en ninguno de sus elementos. Pretender alcanzarla va contracorriente de la libertad y a riesgo de su deterioro. En un país de las dimensiones, diversidad e historia del nuestro hay condiciones imprescindibles para su viabilidad, una fundamental es la convivencia armónica de todas las expresiones regionales, nacionales y entrambas, incluidas las étnicas, religiosas, culturales, económicas, educativas, legales, mediáticas y, por supuesto, las políticas.
Lograr ese escenario significa estabilidad y avances, materializarlo requiere la construcción cotidiana de acuerdos y negociación con una visión de Estado, a partir del marco constitucional cuyas normas fundantes sean tan sólidas como respetadas para evitar las tentaciones corrosivas del poder. A eso conviene añadir una actualización permanente del cambiante contexto internacional, sostener la presencia de México en el concierto de los grandes temas y decisiones del mundo.
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El reto para el país es avanzar y resolver en dos escenarios, con horizontes claros y riesgos calculados, sin precipitaciones ni titubeos, con una amplia y segura capacidad de reacción, imprescindible para las oportunas y más acertadas respuestas; y previsión de los riesgos consustanciales a la ignorancia y la improvisación.
Nadie puede declararse carente de una posibilidad, una cuando menos, para contribuir a la construcción de ese ideal democrático, desde el sitio donde se encuentre, aún fuera del territorio, aportando su actividad propia. Basta aceptar dos condiciones: no hay una verdad única e incuestionable, y respeto, no tolerancia, al pensamiento diferente. Una sociedad donde el debate sea inteligente, avanzará más y mejor al progreso y la felicidad. De no hacerlo, los tropezones serán frecuentes y de mayores proporciones.
De ese compromiso constructivo nadie puede ni debe mantenerse al margen, para eso tiene el respaldo de los derechos reconocidos en la Constitución y sus garantías. Pero el protagonismo lo lleva el gobierno, con la diferencia de no ser derecho sino obligación el buen ejercicio de las facultades confiadas temporalmente por el voto de la ciudadanía.
Respetar sus márgenes jurídicos y aceptar las limitaciones materiales ofrece a quien gobierna dos vías de éxito: avanzar con certeza en su proyecto y evitar decisiones erráticas. La convivencia democrática lo aconseja, el orden jurídico lo posibilita y la buena política lo favorece. Lo peor sucede cuando transgredir la ley desde la autoridad se vuelve método, y abusar del poder hace todo posible.
En la historia de las naciones abundan ejemplos de fracasos germinados, algunos hasta la catástrofe, cuando la soberbia obnubila la razón y la ambición pone el ritmo. Hoy por hoy tenemos dos ejemplos cercanos en la geografía y la identidad latinoamericana: la triunfante revolución cubana en 1959, difícilmente llegará con ese ánimo a su aniversario 68; la bolivariana de Venezuela, inició su desmantelamiento antes de arribar a las tres décadas. Las vigencias también se acortan rumbo a Waterloo.
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Siempre será mejor escuchar otras voces, las más posibles, para no ser víctima de la autosuficiencia. Vale para el ejercicio del gobierno y en cualquier espacio de la vida. Aceptar la disidencia es sano, despreciarla dañino. Permite confrontar ideas y objetivos, advertir desviaciones y evitar desgastes. De ahí el valor de una oposición seria y propositiva, antídoto seguro para evitar las peleas contra el espejo.
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