Lo que inició como una denuncia por irregularidades administrativas ha escalado a un conflicto laboral y político dentro del ayuntamiento de Tulancingo. El síndico jurídico, Pedro Escudero García, denunció públicamente ser objeto de intimidación y abuso de poder, tras el despido injustificado de personal a su cargo luego de revelar anomalías financieras en la administración municipal.
Esta semana, Escudero García señaló la existencia de 77 expedientes relacionados con el pago de liquidaciones y finiquitos para exfuncionarios y trabajadores. Según el síndico, los cheques correspondientes fueron entregados y cobrados sin el consentimiento previo del representante legal del municipio.
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“Intimidación y represalias es lo que vivió el personal del ayuntamiento. Solicité al contralor, Miguel Ángel Romero Mejía, la aplicación de medidas cautelares para evitar represalias, eso quedó por escrito”, puntualizó el síndico.
Pero pese a esta solicitud, dijo que dos trabajadores de su oficina fueron citados por la Dirección de Recursos Humanos, donde se les notificó el fin de su relación laboral de manera verbal, sin documentos por escrito, causas formales ni procedimientos legales de por medio.
Ante lo que califica como un claro “abuso de poder” debido a la temporalidad de los hechos, Escudero García lanzó una exigencia pública al contralor municipal para que actúe conforme a la ley y evite que la investigación de los 77 expedientes se vea contaminada por actos de coerción.
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“Exijo que se proteja al personal de la sindicatura jurídica, que se resguarden los expedientes y que se garantice que esta investigación se realice sin actos de intimidación”, señaló.
Como medida adicional, el síndico confirmó la presentación de una denuncia por hostigamiento y acoso en contra del director de Recursos Humanos. El objetivo, señaló, es que se investigue y castigue el uso de cargos públicos como herramientas para presionar o castigar a los trabajadores del gobierno municipal que cumplen con su deber de vigilancia.
Hasta el momento, la administración central no ha emitido una postura oficial respecto a los despidos o los señalamientos de los cheques cobrados sin autorización.
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