La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) llevará a cabo la digitalización integral de 50 mil expedientes derivados de la operación de la institución; asimismo, realizará el procesamiento automatizado mediante herramientas de inteligencia artificial jurídica.
La Oficialía Mayor llevó a cabo el proceso de licitación, donde la empresa Centro de Tecnologías del Sureste SA de CV resultó electa para desarrollar los trabajos por un monto de 41 millones 374 mil 300 pesos.
¿En qué consistirá la digitalización de expedientes con IA?
De acuerdo con la convocatoria, se transformarán documentos físicos en archivos legibles, estructurados y listos para su análisis semántico, a través de reconocimiento óptico de caracteres (OCR) de alta precisión.
De igual manera, se ejecutará un análisis jurídico automatizado sobre cada carpeta digitalizada, generando diagnósticos procesales, identificando inconsistencias, elementos ausentes y vías legales de resolución conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales.
Cada expediente será registrado digitalmente en una plataforma de seguimiento documental proporcionada por el licitante adjudicado, y se asignará un código único a cada uno, el cual permitirá capturar información específica, incluyendo el área o unidad de origen, el estado de conservación clasificado como bueno, regular o deteriorado.
Los archivos deberán estar configurados para identificar vocabulario técnico y especializado en áreas como derecho, medicina, criminalística y funciones ministeriales.
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Asimismo, deberá implementarse un modelo de lenguaje entrenado específicamente en normatividad mexicana y lógica del sistema penal acusatorio.
El análisis deberá detectar si existe noticia criminal o acto de investigación válido, verificar la configuración de hechos con apariencia de delito, identificar elementos objetivos y subjetivos del tipo penal, evaluar la participación probable del imputado, y detectar posibles actos procesales injustificados o inconsistencias jurídicas.
El modelo deberá emitir una evaluación del estado procesal de la carpeta, determinando si existen elementos suficientes para la judicialización, si la carpeta se encuentra detenida por omisiones, o si es susceptible de ser cerrada por archivo temporal, prescripción o agotamiento de medios legales.
También contradicciones jurídicas como declaraciones incompatibles, dictámenes sin respaldo, actos sin firma, sellos o fechas, y documentos duplicados, faltantes o ilegibles.
El modelo generará conclusiones redactadas en lenguaje claro y estructurado, incorporando fundamentos jurídicos del Código Nacional de Procedimientos Penales y explicaciones argumentadas sobre la viabilidad de continuar, cerrar o subsanar cada expediente.
Este razonamiento simulará el análisis que realiza un agente del Ministerio Público con experiencia, brindando una base objetiva y justificada para la toma de decisiones institucionales.
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Además, deberá generar un diagnóstico automatizado sobre el estado procesal actual de la carpeta de investigación, con el objetivo de evaluar su nivel de avance, solidez jurídica y los posibles escenarios de resolución conforme al marco legal vigente.
El diagnóstico incluirá una clasificación del estado actual de la carpeta, ubicándola en alguna de las siguientes categorías: carpeta incompleta o con elementos ausentes, apta para archivo temporal, con elementos para no ejercicio de la acción penal, con potencial para acuerdo reparatorio, susceptible a criterio de oportunidad, con elementos suficientes para judicialización, susceptible de sobreseimiento, donde aplica la prescripción o afectada por fallecimiento del imputado.
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crs
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