A más de un mes de que se detectó un posible conflicto de interés en la licitación para la actualización del Plan Municipal de Desarrollo Urbano (PMDU) 2025–2027, el ayuntamiento de Mineral de la Reforma mantiene el proceso detenido mientras la denuncia penal avanza en etapa de integración.
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La síndica procuradora jurídica, Kenia Yuridia Sánchez Flores, confirmó que el municipio presentó una denuncia por el delito de falsedad ante la autoridad el pasado 3 de noviembre, luego de que dos personas que participaron como licitantes afirmaran bajo protesta de decir verdad que no eran servidoras públicas, pese a que sí lo eran o lo habían sido recientemente.
Sánchez Flores explicó que, en los procesos de licitación, los participantes deben firmar un documento en el que aseguran no desempeñar un cargo en la administración pública. Esa declaración es la que dio origen a la denuncia.
“Realizamos la denuncia en materia penal por el delito de falsedad ante la autoridad. Los participantes están obligados a firmar un documento donde ostentan decir la verdad. Ellos se acreditaron como no ser servidores públicos”, indicó.
La carpeta está en etapa de integración en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), proceso que, según la síndica jurídica, puede tomar al menos seis meses debido a los tiempos operativos de la fiscalía.
Investigan a funcionario en activo y exservidora pública
De acuerdo con la síndica, las dos personas involucradas son: Erick Urbina Castelán, director de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial del ayuntamiento de Tepeapulco, y Jazmín Meneses Altamirano, exfuncionaria de Mineral de la Reforma.
Ambos habrían participado en la licitación como parte de la empresa VIX Constructora S.A. de C.V., que inicialmente resultó ganadora del procedimiento.
El presidente municipal de Tepeapulco, Alfredo González Quiroz, confirmó previamente que Urbina Castelán sí participó en la licitación de Mineral de la Reforma como representante legal de la empresa. Agregó que, tras conocerse la situación, el funcionario se retiró voluntariamente del proceso:
“Tuvimos que hablar con él y desistió. Actuó correctamente al reconocer que no podía ser juez y parte”.
El concurso público FOFYR25–SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN PMDU–2025-2027–LP33-2025, con un monto de 1 millón 943 mil pesos, tenía por objetivo la actualización del Plan Municipal de Desarrollo Urbano, un documento estratégico que ordena el crecimiento y desarrollo del municipio.
Tras detectar las irregularidades, la Secretaría de Administración notificó a la síndica jurídica, quien procedió a presentar la denuncia penal. El contrato no llegó a firmarse.
Sánchez Flores señaló que también se notificó a la Contraloría Interna y a la Secretaría de la Contraloría del Estado, ya que el principal documento para participar en licitaciones es el padrón de proveedores, emitido por la dependencia estatal.
Incluso, la funcionaria señaló que, al revisar recientemente la plataforma, el nombre de Urbina Castelán aún aparece como representante legal vigente, pues los tiempos de actualización dependen del estado.
Aunque la parte penal sigue su curso, la síndica procuradora aclaró que la reposición del procedimiento administrativo no es de su competencia, sino de la Secretaría de Administración municipal.
“Yo únicamente realicé la denuncia. La nueva licitación le corresponde al área administrativa”.
Por su parte, Gabriela Luján Sánchez, síndica hacendaria de Mineral de la Reforma, confirmó que la segunda licitación sí deberá realizarse, aunque reconoció que se encuentra detenida debido a la investigación.
Añadió que el ayuntamiento aún cuenta con noviembre y diciembre para emitir una nueva convocatoria y no retrasar la entrega del PMDU.
Tanto la síndica jurídica como la síndica hacendaria aseguraron que, hasta el momento, no se han detectado otras irregularidades en procesos de obra pública o adquisiciones.
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Luján Sánchez afirmó que todas las licitaciones se han realizado “conforme a la ley” y bajo acompañamiento de las áreas técnicas correspondientes.
En materia jurídica, Sánchez Flores señaló que no ha recibido reportes de otras anomalías que requieran denuncia penal.
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