La semana pasada el movimiento de personas con discapacidad nos dio una lección de dignidad sin precedentes que ha puesto aprueba la cercanía al pueblo que la nueva integración de la Suprema Corte pretende tener.
En la primera sesión de la nueva SCJN la ministra Lenia Batrés presentó un controvertido proyecto para resolver la Acción de Inconstitucionalidad 182/2024 en el cual la Comisión de Derechos Humanos de Michoacán interpusieron este mecanismo ya que consideraban que la reforma a la Ley de esta Comisión viola el principio de seguridad y certidumbre jurídica, al no establecer claramente como se deben realizar las visitas a las instituciones estatales, de verificación de violaciones a derechos humanos.
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La Comisión consideró que se violaron los derechos de niñas, niños y adolescentes (NNA) que viven en orfanatos, así como a las personas con discapacidad mental o psicosocial que se encuentran en hospitales psiquiátricos por no haberse consultado si estaban de acuerdo con esta reforma ya que podría afectar sus derechos.
El proyecto de Lenia proponía que no debía consultarse ni a NNA como a personas con discapacidad. En el caso de los primeros la ministra considera que les NNA no son un grupo vulnerable al que le aplique el marco de la consulta (no coincido con esta posición).
En el caso de las personas con discapacidad, la anterior SCJN había establecido un criterio en el cual el siempre que se realicen reformas que puedan afectar a las personas con discapacidad el Estado tiene que celebrar consultas estrechas y colaborativas para saber su opinión. Batrés consideraba que este criterio sirvió solo para invalidar reformas “protectoras” para toda la población por no consultar a las personas con discapacidad.
La votación en el pleno fue complicada de seguir, pero en teoría se obtuvieron 8 votos para cambiar el criterio. Sin embargo, las organizaciones, colectivas y activistas de este movimiento convocaron a diversas manifestaciones para exigir que fueran escuchades, ya que consideraban que esta sentencia y el abandono del criterio representaba un retroceso a sus derechos ganados.
Ya que el proyecto final aun no termina de ser construido, el presidente de la SCJN decidió abrir una histórica audiencia pública, que no había ocurrido en más de 15 años para escucharles. A lo largo de tres días, 102 personas fueron escuchades por les nueve ministres de la Corte, en la que la mayoría reconoció lo histórico del espacio, pero que era crucial que la Corte mantuviera el criterio anterior en el que las autoridades facultadas para ello presenten de forma oficiosa los mecanismos en contra de cualquier reforma que afecte sus derechos y que no haya realizado una consulta.
Ahora la SCJN y particularmente la ministra Lenia tienen un reto enorme: emitir un engrose que refleje estas exigencias, de lo contrario estás audiencias pasaran a la historia como el momento en que la Corte simuló la escucha y cercanía a la gente para dar como resultado una sentencia que les dio la espalda a las personas.
La oportunidad de dar el ejemplo de una justicia que escucha, que le interesan las personas, esta en sus manos.
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