Las empresas relacionadas con la llamada “estafa siniestra” el esquema mediante el cual presuntamente se desviaron millones de recursos públicos, parecen haber sobrevivido a la tempestad y estar con contratos vigentes en diferentes dependencias incluso, las relacionadas con temas que tienen que ver con seguridad estatal y protección civil.
Contratos en poder de este columnista, licitaciones y documentos de transparencia, revelan por ejemplo que, una de las empresas relacionadas con la elaboración de Atlas de Riesgo que han sido rechazados por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), tenían al mismo representante legal que la empresa Remaco, la que se encuentra relacionada con las carpetas de investigación por peculado de 18 millones de pesos en contra del exoficial mayor del gobierno Martiniano Vega.
Se trata de la empresa “Tekxare S.A de C.V.” quien tenía como representante legal a Luis Alberto Monroy Villalobos, el mismo cuya firma aparece en el acta de constitución de Remaco del 12 de febrero de 2019, sin embargo, esta información pareció no ser relevante para la Oficialía Mayor a cargo de Edgar Orlando Ángeles Pérez, ni del secretario de Seguridad del estado Salvador Cruz Neri, o de la titular de Turismo Elizabeth Quintar Gómez, quienes firmaron contratos por capacitación y diversos servicios y cantidades, por ejemplo, en Turismo fue de más de 2 millones de pesos según la licitación pública EA-913003989-N131-2024.
Una vez que detectaron el “pequeño” detalle, Alberto Monroy, fue sustituido de inmediato por Saúl Samuel Tejeda Arellano, quien como nuevo representante legal de “Tekxare” firmó los contratos con municipios y dependencias entre estas, la Subsecretaria de Protección Civil y Gestión de Riesgos para los estudios de riesgo, sin embargo, esto fue aprovechado para que entrara una nueva empresa: ecosistemas productivos S.A de C.V. que llegó ampliamente recomendada.
Sus representantes legales, considerados como prestanombres por los mismos funcionarios de la secretaria de Gobierno son, Gustavo Rodolfo Pérez Acosta y Sergio Téllez, quien desde 2024 se habrían hecho cargo de los atlas de riesgo, los cuales fueron rechazados por inconsistentes y carentes de información verídica.
De hecho, el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) solo tiene un atlas de riesgo actualizado al 2025 de los 84 municipios y es el de Zimapán y 16 de los 28 municipios con recientes afectaciones por las lluvias sólo tenían el documento al 2024, esto de acuerdo con el portal https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.atlasnacionalderiesgos.gob.mx%2F&data=05%7C02%7C%7C31e017255f0d4ef472cf08de1108f1f0%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638966927277203174%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=DFQ6NtSt%2B64CiZoAh1%2Fx%2F7ZzMZKCkM8oBF3ne7kbDpo%3D&reserved=0 lo que contradice la información del subsecretario de Protección Civil Román García, quien afirmó en septiembre que, 63 municipios contaban con este documento actualizado.
Sin embargo. a Ecosistemas productivos S.A. de C.V., dieron la orden de pagarle a pesar de las deficiencias y anomalías en su trabajo, lo que muestra que además de favorecida esta empresa parece tener un respaldo político importante, que parece protegerlo de la irresponsabilidad en la que incurrieron, pues su obligación era elaborar un documento real, que permitiera tomar decisiones para salvar vidas y tratar de reducir los impactos de un fenómeno natural anunciado con 6 días de anticipación.
De mi tintero… La ejecución del alcalde de Pisaflores, vuelve a mostrar la operación impune de grupos de la delincuencia organizada, pequeñas células o grupos con menor presencia, pero que comienza a mostrar el desafío a la autoridad para actuar lo mismo en la capital a plena luz del día que en la sierra del estado, sin que nadie lo detenga, y es que sin adelantar juicios, el asesinato del presidente municipal Miguel Bahena, tiene esas características…Algo grave está pasando en la delegación del ISSSTE en el estado, donde fueron descubiertas las ilegalidades del equipo jurídico que lo mismo litiga en contra de la propia dependencia, que defiende al organismo en los tribunales, es decir se convierte en una especie de juez y parte, al menos es lo que demuestra los documentos en juicios en tribunal federales y locales, donde aparece la firma de Tania Patricia Ventura Ayaquica empleada de la dependencia, lo que dicen contraviene la ley federal y la de responsabilidad de funcionarios públicos…
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