Cada 28 de septiembre se conmemora el Día de Acción Global por el acceso al aborto seguro y gratuito, lo que implica que se hagan diversas actividades y acciones por todo el mundo, aunque hemos avanzado como marea verde para reivindicar la justicia (no) reproductiva, con la actual conformación geopolítica del mundo y el avance de los antiderechos se hace presente para impedir trabas en el acceso, persecución y hostigamiento a activistas (como ocurre en varios países de Centroamérica), retrocesos legislativos como ha ocurrido recientemente en Aguascalientes donde han disminuido el plazo para acceder al aborto.
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En México, sin duda, con el empuje de activistas locales, feministas independientes, organizaciones nacionales, alianzas transnacionales, hemos podido ver la fuerza para seguir impulsando las leyes para la despenalización, que a 18 años de lo ocurrido en el entonces Distrito Federal, se va quedando corto con lo que ha pasado por más de una década, ya que ahora después del tiempo y los aprendizajes, es necesario que el aborto que es un evento de salud reproductiva en la vida de las mujeres, deje de ser considerado un delito y se saque de los códigos penales de los estados, lo sabíamos desde un principio pero el contexto en ese entonces solo dio para que las 12 semanas fueran el plazo para la despenalización, sin embargo, sabemos que tener plazos son una barrera para el acceso y es insuficiente antes de los diversos casos que se presentan.
Aún con todo el tema de los avances legislativos, justo este 28 de septiembre nos pone sobre la mesa lo que ocurre, falta de insumos y medicamentos para el acceso, Oaxaca que fue el segundo estado en despenalizar, con 570 municipios, el acceso ha sido difícil de brindar que no sea en la capital y ahora en un municipio conurbado Tlacolula, en Hidalgo no es diferente, con la llegada del IMSS-Bienestar existe el desabasto de medicamentos, la clínica de salud sexual y reproductiva ubicada en Pachuca que fue en su momento una clínica modelo para todo el país, va siendo desmantelada alegando que no tiene la productividad suficiente y con ello reduciendo el acceso al servicio de aborto, hay un desconocimiento de la población para saber que requisitos se solicitan y donde se brindan los servicios porque el estado no da la suficiente difusión.
Además, en el caso de una niña de Jalisco que requería el servicio y que le pudo ser brindado por médicos hidalguenses ampliamente preparados que por más de una década organizaciones especializadas los capacitaron de manera gratuita para poder dar la atención necesaria, el gobernador Menchaca no permitió que pudiera acceder al servicio, lo que demuestra tanto su ignorancia sobre los procedimientos como sus prejuicios conservadores.
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Por ello, ante el retroceso en el estado de Hidalgo, diversas colectivas, organizaciones y redes, hicieron actividades y posicionamientos en el estado.
Los 7.1 millones de pesos que se gastó Menchaca en vallas para reprimir a las mujeres, bien hubieran servido para tener insumos de medicamentos, mejorar la clínica, apoyar a la niña que hace 5 horas para llegar a su escuela.
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acf
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