En Hidalgo, al menos seis empresas gaseras han sido sancionadas por incumplimiento a las normas de Protección Civil, informó la diputada local Johana Montcerrat Hernández Pérez quien propuso al Congreso local fortalecer las inspecciones y sanciones para evitar tragedias como la ocurrida en Iztapalapa.
La legisladora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), mencionó que la reciente explosión de gas por la volcadura de una pipa, debe motivar a las autoridades a reforzar el trabajo preventivo pues en Hidalgo también se han reportado incidentes con unidades de este tipo.
Según comentó, en el estado al menos seis empresas gaseras han sido sancionadas por incumplir con las normas de seguridad,” lo que confirma que la supervisión actual es insuficiente y que existen vacíos legales que deben ser atendidos inmediatamente” expuso.
Actualmente, el Atlas de Riesgo identifica el transporte de materiales peligrosos como una amenaza prioritaria, sin embargo, La Ley de Protección Civil Estatal no regula de manera específica el transporte de gas LP, ni contempla sanciones claras y proporcionales para quienes incumplen.
“Esta laguna limita la capacidad de la Subsecretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos, reduciendo muchas veces la actuación del Estado para reaccionar después de accidentes, en lugar de prevenirlos.
Por lo anterior, se busca adicionar a la Ley mencionada la facultad de la Subsecretaría de regular y supervisar el mantenimiento certificado de los transportes de gas LP, así como la aplicación de protocolos de emergencia y capacitación obligatoria para las personas de las empresas gaseras.
La capacitación será y deberá coordinarse con la Subsecretaría que validará los contenidos y expedirá constancias oficiales, las empresas deberán reportar inmediatamente a las autoridades cualquier incidente falla o accidente en sus unidades e instalaciones.
Además, se busca añadir que la Coordinación Estatal de Protección Civil establecerá la frecuencia de las inspecciones y las verificaciones en mantener conforme al reglamento, y creará un registro público de las unidades autorizadas y certificadas para garantizar la seguridad a la ciudadanía.
Finalmente, las sanciones a aplicar podrán ser desde la suspensión, cancelación o revocación de sus permisos, aunado a las responsabilidades civiles o penales que les correspondan.
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