“El día de hoy, el 96% de los delitos pertenecen al fuero común. Eso significa que el futuro de la seguridad en México depende en gran medida del fortalecimiento de las policías estatales y de las policías municipales, pues son la primera línea de contacto con la ciudadanía y quienes se enfrentan directamente a los retos de la seguridad en cada comunidad.
“Recordemos que son las policías estatales y municipales, las que acuden de inmediato al llamado de una emergencia, las que acompañan al comerciante que teme por su negocio, que brindan auxilio inmediato el ciudadano que es víctima de un delito, como el más común que es el robo.”
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Las anteriores son afirmaciones del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal, Omar García Harfuch, en la reciente sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Es, una fotografía de la realidad pura y dura, agobio de la población en todo el territorio nacional, esa por la cual nuestra libertad esta cada día más reducida ante la latente amenaza de una criminalidad de baja, media y alta intensidad, según el espacio donde se habite, transite o visite. Una mirada certera, objetiva desde el gobierno de la República.
Luego dijo el secretario lo más importante:
“Es por ello que tenemos que establecer acuerdos que lleven al fortalecimiento integral de las policías estatales, para que éstas cuenten con las condiciones necesarias que permitan prevenir, atender, investigar y contener de manera efectiva los delitos del fuero común, incrementando su eficacia operativa y recuperando la confianza ciudadana.
“Necesitamos garantizar que las 32 policías estatales cuenten con un estado de fuerza que les permita operar en favor de la ciudadanía; el fortalecimiento de las policías estatales es una condición indispensable para enfrentar la inseguridad en México. El nuevo marco normativo nos dio las bases para lograrlo, y los acuerdos planteados en este consejo nacional los mecanismos de seguimiento.”
El discurso se aleja notablemente de la visión centralista de suponer una solución única a cargo de la Guardia Nacional llamada a resolver todo el fenómeno delincuencial en todo el territorio nacional. El círculo vicioso está a la vista: los ayuntamientos se desentendieron de su responsabilidad constitucional de la seguridad pública, trasladándola cómodamente al organismo federal. Esa perversión la confirmó el reclamo de las poblaciones de la presencia de las fuerzas armadas ante el embate de la delincuencia.
El secretario García Harfuch anunció:
“Nuestro compromiso y la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum es acompañar a cada entidad, fortalecer sus capacidades locales, y actuar en conjunto para que las decisiones que aquí adoptemos se traduzcan en resultados tangibles en beneficio de la ciudadanía.”
Si eso es así, hay una visión federalista en el propósito, benéfica para el desarrollo del sistema federal donde la clave está en el acompañamiento sin abandono de responsabilidades, ni el cómodo endoso de las propias a otros órdenes de gobierno.
Puede detonar el giro hacia un modelo donde la profesionalización policial y los servicios de inteligencia la gestionen coordinadamente ayuntamientos y gobiernos estatales. Es imprescindible incluir la reingeniería del Ministerio Público.
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La estrategia, diseñada con los insumos de las treinta y dos entidades federativas reunidas en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, puede generar las líneas medulares; a cada una corresponderá establecer las propias con igual participación de sus municipios.
Lo importante serán las acciones acordes a las peculiaridades locales y el compromiso de sus autoridades ante las comunidades, con hechos, sin más justificaciones a su incapacidad.
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