El Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI) de la Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT) no ha hecho públicos sus planes de trabajo en dos años.
Este órgano fue el que recomendó la baja definitiva del profesor Ángel Ramírez Montiel, -quien fue agredido por un alumno y cuyo incidente se viral a través de un video- por incurrir en faltas que vulneran los valores de legalidad, respeto, imparcialidad, transparencia y rendición de cuentas que rigen a la función pública y a la vida académica de la UPT.
Según una revisión de La Jornada Hidalgo, el plan de trabajo más reciente del CEPCI data de 2023 y, entre sus actividades, contemplaba la instalación de buzones físicos en los edificios de la universidad para recibir quejas.
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También se menciona llevar a cabo una evaluación de conocimiento al personal docente y administrativo del funcionamiento del CEPCI e ingreso de las denuncias.
El profesor Ramírez Montiel, además de impartir clases, se desempeñaba como personal de apoyo en el área jurídica y consejero del Protocolo Cero de la institución. El alumno agresor lo había señalado de bullying y acoso, lo que añadía un elemento de conflicto a la situación.
La decisión del CEPCI, que fue informada por las autoridades educativas, sobre la baja del profesor agredido, se basó en el Código de Ética de la UPT y en el Código de Conducta.
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Este último documento establece que cualquier incumplimiento será evaluado por el Comité de Ética y Prevención de Conflictos, el cual determinará si la falta se registra en el expediente laboral o si se turna al Órgano Interno de Control para una investigación por posible responsabilidad administrativa.
Ayer martes, el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT) argumentó que el acto para dar de baja al profesor fue arbitrario y carente de sustento jurídico porque no fue emplazado a rendir una declaración u ofrecer pruebas.
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