El caso del exnotario número 6 en Tizayuca, Octavio Eduardo S.H., dejó dudas y sospechas de la actuación de dos exgobernadores y ex funcionarios de administraciones priistas, que habrían actuado por omisión o complicidad en la entrega de patentes, sin que los beneficiados cumplieran los requisitos básicos como el de haber concluido la formación académica de licenciatura en derecho.
La reciente vinculación a proceso por usurpación de profesiones del ex fedatario, confirmó que, habría utilizado un título y cédula profesional aparentemente falsa, para realizar acciones legales desde marzo del 2005 hasta finales del mes de noviembre de 2022, cuando el Centro Educativo de Puebla, validó sus estudios en derecho y obtuvo su cédula profesional la cual está registrada con el número 12659501.
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Con base en la Ley del Notariado vigente en ese entonces y cuya última actualización fue en septiembre del 2022, se requiere ser mayor de 25 años y tener título de licenciado en derecho con al menos 5 años de ejercicio profesional, entre los principales requisitos, los cuales incumplió el hijo del priista Octavio Soto Martínez.
Sin embargo, los documentos oficiales señalan que, el entonces gobernador Manuel Ángel Nuñez Soto, el secretario de Gobierno Aurelio Marín Huazo, el coordinador jurídico Francisco Olvera y el director del archivo de notarias, Pedro Velázquez Barcena, en marzo del 2005, entregaron la patente de notario a Eduardo Octavio Soto Hernández, con título y cédula falsas.
Tanto Soto Hernández, como 13 políticos más, fueron beneficiados con notarías en marzo del 2005, entre ellos la ex procuradora Flor de María López González, el expresidente del tribunal Superior de Justicia, Eduardo García Gómez y el propio ex director del archivo de notarias, Mario Pedro Velázquez.
Y quizá, todo sería anecdótico y difícilmente se hubiera conocido de no ser por la causa penal 275-2025 en contra de Octavio Eduardo, donde fue vinculado por usurpación de profesiones y en cuyo expediente aparece el título presuntamente falsificado de la Universidad del Valle de México del 12 de enero de 1998, lo que confirma que en las pasadas administraciones, funcionarios priistas fueron omisos y cómplices en la entrega de notarías que dicho sea de paso, se convirtieron en el pago de facturas políticas o beneficios para ahijados y cercanos a la clase gobernante.
De tener acuciosidad, se tendrían elementos suficientes para iniciar procedimientos a dos exgobernadores, un ex secretario y un par de ex funcionarios que por favorecer a políticos incumplieron con la ley de notariado, todo es cuestión de querer, elementos se tienen.
De mi tintero…Ya que hablamos de irregularidades de notarios, en Acaxochitlán, ocurre un presunto caso de corrupción y uso indebido de funciones que ya fue denunciado ante la Contraloría, el titular de catastro municipal Navor Caro Sosa, quien sólo agiliza trámites sí estos se realizaron en la notaría donde trabaja de lo contrario duermen el caso de los justos, los hechos ya son investigados por este conflicto de intereses que dicen, benefician al alcalde… En Hidalgo no hay extensión del Estado Mayor Presidencial, pero la policía bancaria asumía esa tarea, pues tenía asignados a más de 50 elementos al cuidado de exgobernadores y sus familias, dicen que, haberlos regresado a sus tareas cotidianas o que ahora si se pague por sus servicios, es quizá uno de los principales logros del director de la corporación, Francisco Martínez…
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