El juez de control Luis Raúl González Becerra resolvió este miércoles vincular a proceso al presidente municipal de Epazoyucan, Carlos M. R., por el delito de violencia política de género, luego de considerar que los datos de prueba presentados por el Ministerio Público eran suficientes para iniciar el procedimiento penal en su contra.
La audiencia, realizada esta tarde en los juzgados penales de Pachuca, derivó de la denuncia interpuesta por la regidora L.C.L., quien acusó al alcalde de haber retrasado de manera intencional su toma de protesta como integrante del cabildo, en un acto que según la parte acusadora buscó obstaculizar su derecho político-electoral por razones de género.
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Aunque fue vinculado a proceso, el edil enfrentará el juicio en libertad, ya que no le fueron impuestas medidas cautelares. El juez estableció un plazo de tres meses para la investigación complementaria.
Juicio político en puerta
La denuncia penal no es el único frente que enfrenta Carlos M.R. En junio pasado, la diputada local de Nueva Alianza, Mónica Leanett Reyes Martínez, anunció en tribuna que impulsaría un juicio político en su contra, argumentando diversas faltas graves que afectan el funcionamiento del ayuntamiento y los derechos de las regidoras, entre ellas el presunto bloqueo a la toma de protesta de su compañera de partido.
Cabe señalar que apenas en junio, el presidente municipal de Epazoyucan declaró públicamente que algunos integrantes del cabildo habían intentado presionarlo para obtener beneficios personales como gasolina, bonos, espacios en áreas estratégicas y recursos económicos, a cambio de aprobar reformas municipales.
“Nos han pedido gasolina, espacios, incrementos salariales, cuando el acuerdo era claro: cada quien se quedaría con su regiduría, sin exigir cuotas extras. Eso no va con el modelo que estamos construyendo junto con el gobernador Julio Menchaca y la presidenta Claudia Sheinbaum”, afirmó Montaño en entrevista con medios de comunicación.
El edil también denunció que la presión de algunos regidores ha derivado en el bloqueo de iniciativas clave, como la ratificación del comodato del módulo de turismo o una propuesta de modificación presupuestal por más de seis millones de pesos, los cuales según dijo no han podido ejercerse por falta de autorización en el cabildo.
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“Eso está afectando directamente la operatividad del gobierno municipal y su capacidad de respuesta ante las demandas de la ciudadanía”, advirtió.
Montaño responsabilizó directamente a las dos regidoras del partido Nueva Alianza, a quienes acusó de actuar de forma “personalista” y de deslindarse del proyecto político que representaron en campaña. Agregó que su administración no cederá ante presiones ni otorgará beneficios que estén fuera del marco legal.
También pidió a las dirigencias estatales de Morena y Nueva Alianza intervenir para alinear a sus representantes municipales con los compromisos adquiridos con la ciudadanía.
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