La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) emitió tres recomendaciones contra los municipios de Tepeapulco, Tizayuca y la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH) por diversas violaciones a derechos humanos, entre ellos un caso relacionado con tortura.
La titular de la comisión, Ana Karen Parra Bonilla, informó que en la recomendación R-VTA-0001-25 fue aceptada por la presidencia municipal de Tepeapulco, quien deberá ofrecer una disculpa culpa a los hijos del ex servidor público del ayuntamiento, quien falleció en 2020 por Covid-19.
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Respecto al caso, precisó que el 15 de junio de 2020 una persona trabajadora del municipio se contrajo dicha enfermedad respiratoria en el trabajo “por la falta de medidas adecuadas para atender la pandemia”.
De acuerdo con la investigación, a la víctima se le negó practicarle una prueba de Covid por parte del área de sanidad; además, se dijo que tenía otro padecimiento y su expediente clínico no fue integrado de forma adecuada, por lo que al no tratar adecuadamente la enfermedad, el 30 de junio de esa anualidad falleció.
Asimismo, las autoridades municipales reconocieron que no se cumplió de forma estricta el protocolo ni se le brindó atención médica adecuada.
Ante esto, el 6 de junio se emitió la recomendación, el 10 se notificó y el 25 fue aceptada, en donde se estableció que el presidente municipal ofrezca una disculpa pública a los hijos de la víctima, inscribirlo como víctima directa e hijos como víctimas indirectas al registro de víctimas para la reparación integral del daño.
Asimismo, que el órgano interno de control investigue a la dirección de servicio medico y sanidad municipal para determinar la omisión en que incurrieron y capacitar a personal de sanidad en derechos humanos.
Tizayuca: omisión policial en intento de linchamiento
La segunda recomendación fue para el municipio de Tizayuca derivado de los hechos registrados el 4 de mayo de 2021 en la localidad de Tepojaco, donde vecinos intentaron linchar a una persona, a quien avisaron del homicidio de un gasero.
En los videos que analizó la CDHEH, comprobó que la persona fue golpeada pese a la presencia de policías estatales y municipales en el lugar.
El 11 de junio fue emitida la recomendación VT-TIZ-0002-25, en donde a la Secretaría de Seguridad Pública estatal (SSPH) se le pidió dar vista al área de asuntos internos y comisión de honor y justicia para que inicie el procedimiento administrativo para imponer sanciones correspondientes.
Así como cumplir con el protocolo de actuación para contener multitudes, cursos de capacitación obligatorios , realizar acciones necesarias administrativas para la adquisición de equipo táctico, asignación de persona administrativo y apoyo para llenado de documentación.
Mientras que el municipio deberá inscribir a la víctima en el registro estatal de víctimas, dar vista a asuntos internos y comisión de honor y justicia municipal para los procesos administrativos e imponer sanciones, exhorto a policía municipal para que se sujete al protocolo de control de multitudes, cursos de manera obligatoria y adquisición de equipo táctico; el documento fue aceptado el 25 de junio.
PGJEH: tortura comprobada por agentes de investigación
Por último, la recomendación VG-003- 25 derivó de los hechos registrados el 12 de julio de 2021, en donde JMC, empleado del Centro de información y seguridad de la SSPH, fue privado de la libertad por el entonces director y agente de la división de investigación de la agencia de investigación criminal de la procuraduría.
Durante su detención fue víctima de agresiones físicas, psicológicas, fue esposado, golpeado, asfixiado mediante la colocación de una bolsa en la cabeza y amenazado con un arma de fuego; además, fue obligado a firmar un documento en el que deslindaba de responsabilidad alguna a sus agresores antes de ser puesto en libertad.
No obstante, al practicarle un examen clínico bajo todos los protocolos necesarios, se detectó que fue víctima de tortura, por lo que el 17 de junio se emitió la recomendación VG-003-25 en la que se determinó que el encargado del despacho, Francisco Fernández Hasbún, ofrezca una disculpa pública.
Asimismo, inscribir al afectado en el registro de víctimas, dar vista al órgano interno de control para que inicie el procedimiento contra el director y agente de la división de investigación criminal , dar vista a la visitaduría de la procuraduría para que inicie lo que corresponda y capacitación a los elementos.
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Por último, iniciar la carpeta de investigación por el caso, que se garantice la debida diligencia y celeridad para el esclarecimiento de los hechos. La recomendación fue aceptada el 3 de julio pasado.
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