La Comisión para el Desarrollo Integral de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas del Congreso de Hidalgo realizó el segundo foro informativo regional en el municipio de Huejutla, con el fin de difundir el trabajo legislativo sobre la reforma constitucional en el estado para el reconocimiento de sus derechos.
La diputada Yarabi González Martínez, presidenta de la comisión, recordó cómo surgió esta reforma: “los diálogos empezaron en todo el país en el 2019, cuando era presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Él escuchó al pueblo, su lucha y necesidades, así nació esta iniciativa que presentó en febrero del 2024 y ese mismo año, en septiembre ante el Congreso de la Unión. El Congreso estatal hizo lo propio, las y los diputados de la LXVI Legislatura, en mayo de este año aprobamos la armonización de esta reforma a nuestra Constitución local”.
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¿En qué consiste la reforma?
La legisladora explicó que esta reforma reconoce a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos, por el derecho que tienen a decidir en su presente y futuro.
“También significa que ustedes como autoridades pueden decidir en forma individual o colectiva y de acuerdo con sus propias normas”.
“Pueden conservar sus tierras, lenguas, medicina tradicional, incluyendo la partería, su forma de organización, sus saberes y esa cosmovisión que los ha caracterizado, agregó”.
La diputada María Guadalupe Cruz Montaño, presidenta de la directiva de junio, aseguró que la transformación que vive México “no tendría sentido sin la fuerza, la inteligencia y el compromiso de los pueblos y comunidades indígenas, así como las afrodescendientes, quienes son un pilar de nuestra sociedad y la base para construir un futuro más justo y equitativo”.
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José Alfredo San Román Duval, presidente municipal de Huejutla, aseguró que este ejercicio fortalece el trabajo en equipo y “nos impulsa a actuar con responsabilidad y compromiso con un futuro más justo y educativo para todos. Nuestra región tiene raíces en nuestros pueblos indígenas, son parte de nuestra identidad y orgullo.
Es nuestra responsabilidad asegurar que sus voces sean escuchadas, respetadas y protegidas a través de un marco legal que refleje sus aspiraciones y derechos en la política, sociedad, cultura y la economía de nuestro estado”.
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