Durante la conferencia matutina de este miércoles, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, fue cuestionada sobre el conflicto social que persiste en el municipio de San Agustín Tlaxiaca por el control del agua potable, en particular por la cesión del pozo de La Trinidad a la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales (CAASIM), lo que ha derivado en inconformidad social, protestas y señalamientos por uso excesivo de la fuerza pública.
En respuesta, el director nacional de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Efraín Morales López, sostuvo que la gestión del agua debe regirse bajo principios legales y técnicos, y anunció que se revisará el estatus de las concesiones y títulos relacionados con la operación hídrica en la región. Además, se comprometió a atender personalmente a los representantes comunitarios.
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“El artículo 115 constitucional establece que el agua potable es responsabilidad de los municipios. En este caso, pedimos revisar a nombre de quién están los títulos de concesión y los antecedentes legales. Una vez concluida esta revisión, se convocará a las partes para intentar establecer un acuerdo”, explicó Morales López.
Así mismo la presidenta Sheinbaum se comprometió a revisar el caso.
Cabe señalar que la semana pasada hubo un enfrentamiento entre pobladores y la policía municipal, cuando los primeros se manifestaron para exigir que el servicio de agua sea administrado, cobrado y distribuido directamente por el ayuntamiento de San Agustín Tlaxiaca, y no por CAASIM, a quien acusan de tarifas excesivas y deficiente servicio.
También se señalaron presuntos conflictos de interés en la delegación estatal de CONAGUA, mencionando a funcionarios como Rosalba Montelongo Casanova, a quienes acusan de enriquecimiento inexplicable.
En respuesta, el edil aseguró en una transmisión en redes sociales que el pozo La Trinidad, ubicado en la comunidad de Benito Juárez, está bajo jurisdicción federal. “La asignación de volumen fue otorgada directamente a CAASIM. Como municipio no hemos renunciado a ningún derecho, porque este pozo nunca nos ha pertenecido”, declaró.
Medina Hernández añadió que el convenio con CAASIM busca garantizar el abasto para varias comunidades y negó que implique una privatización. Detalló que el pozo opera con una capacidad de 32 litros por segundo, pero su mantenimiento cuesta 18 millones de pesos anuales, de los cuales solo se recuperan ocho millones mediante cobros.
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También reveló que hay 6,500 tomas registradas y 2,000 clandestinas, así como un rezago en el pago de servicios superior al 40%.
A pesar de las explicaciones, los pobladores continúan desconfiando de las decisiones municipales. “Desde que CAASIM tomó el control, los cobros subieron y no hay mejora en el suministro”, señalaron los manifestantes.
Finalmente, el director de CONAGUA en Hidalgo, Félix Adrián Brambila Mendoza, evitó pronunciarse sobre el conflicto y afirmó que es un tema entre el municipio y CAASIM.
mho
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