Diez extrabajadores del ayuntamiento de Chapantongo denunciaron el incumplimiento de un laudo laboral por parte de las autoridades municipales, pese a que un tribunal ya ordenó su reinstalación y el pago de una compensación que actualmente supera los cinco millones de pesos.
Los afectados iniciaron este proceso legal desde diciembre de 2024, tras acusar despidos injustificados que datan de hace más de nueve años. Aseguran que durante todo ese tiempo no han recibido respuesta favorable por parte del municipio, a pesar de que recientemente el Tribunal de Arbitraje ya emitió una resolución a su favor.
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La deuda se ha acumulado entre los años 2016 y 2024, bajo las administraciones de los expresidentes municipales Sotero Santiago Santiago y Jesús Emanuel Benítez Olvera actualmente regidor, así como durante el periodo del concejo municipal interino y del antecesor del actual edil, Carlos Enrique Tavera.
Autoridades municipales, señaladas por desacato
Durante la audiencia más reciente, celebrada en los juzgados civiles de Pachuca, los representantes legales de los extrabajadores señalaron que el Ministerio Público ha sido omiso en dar seguimiento a la carpeta de investigación iniciada contra la síndica municipal Sayli Ecaterina Caballero García, el alcalde Eligio Figueroa Chávez, así como el tesorero y el secretario general, quienes no han acatado lo ordenado por el Tribunal de Arbitraje.
De acuerdo con el asesor jurídico de los extrabajadores, el juez de control Luis Raúl González ya había solicitado anteriormente que el Ministerio Público considerara la perspectiva de género y la condición de adulto mayor de los denunciantes, quienes además padecen diversas enfermedades crónicas. No obstante, tales directrices no han sido integradas adecuadamente en el proceso.
“Lo único que están haciendo es retrasar el cumplimiento de una resolución que ya emitió una autoridad competente”, denunció el abogado, quien acusó una dilación intencional tanto por parte del Ministerio Público como del propio ayuntamiento.
También recordó que a inicios de mayo el tribunal otorgó al municipio un plazo de tres días hábiles para cubrir el pago correspondiente, mismo que ya venció sin que se haya ingresado ningún escrito para justificar el incumplimiento.
Síndica evade audiencias y se burla de los afectados
Los denunciantes acusaron también la falta de disposición de la síndica Sayli Ecaterina Caballero, quien aunque estuvo presente en la última audiencia se negó a comparecer y se encerró en su oficina, enviando en su lugar a un abogado ajeno al área jurídica correspondiente.
Durante la audiencia de reinstalación del pasado 14 de mayo, la síndica habría declarado de forma irónica que el pago a los extrabajadores podría efectuarse “en un plazo de 20 años”, lo que fue considerado como una burla y una revictimización hacia personas de la tercera edad que enfrentan problemas de salud.
Acusan colusión de autoridades
Los abogados de los extrabajadores también expresaron su preocupación ante una presunta red de complicidades entre el Ministerio Público, funcionarios del Tribunal de Arbitraje y servidores públicos municipales. Incluso señalaron que el exsecretario general del tribunal podría estar involucrado en el retardo de justicia para beneficiar a las actuales autoridades municipales.
“El tribunal tampoco ha autorizado el embargo correspondiente, a pesar de que ya se agotaron los plazos legales de 10, 5 y 3 días. Solo falta el último requerimiento de 24 horas. Esperamos que el presidente del tribunal decrete finalmente el embargo para garantizar el cumplimiento del pago”, añadieron.
Sin embargo, ante la falta de acción, los asesores jurídicos informaron que iniciarán nuevas carpetas de investigación por el presunto delito de incumplimiento de un deber legal, ya que el ayuntamiento continúa desobedeciendo lo ordenado por el tribunal.
“Vamos a iniciar las carpetas que sean necesarias. No permitiremos que se sigan violando los derechos laborales y humanos de nuestros representados”, afirmó el abogado.
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Municipio reconoce adeudo, pero justifica limitaciones
Cabe destacar que recientemente, en entrevista con un medios de comunicación, el presidente municipal Eligio Figueroa Chávez reconoció que el ayuntamiento enfrenta una deuda de al menos 15 millones de pesos derivada de laudos laborales, situación que según dijo ha afectado directamente la ejecución de obra pública y otros servicios esenciales en la demarcación.
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