En días recientes se ha abierto un debate en torno al anuncio de la construcción del nuevo complejo que albergará a diversas dependencias del Gobierno de Hidalgo. Para algunos sectores, la obra representa un gasto superfluo; para otros, un paso estratégico hacia la autosuficiencia financiera del estado y la ruptura definitiva con las viejas prácticas del régimen priista.
Hoy, el Gobierno de Hidalgo destina más de 114 millones de pesos anuales al pago de rentas y mantenimiento de 253 inmuebles, muchos de ellos propiedad de personas vinculadas a administraciones pasadas. No es un secreto que la zona plateada se convirtió, durante años, en refugio inmobiliario de exfuncionarios, exalcaldes y operadores políticos que supieron convertir información privilegiada en contratos de renta jugosos, constantes y garantizados.
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El proyecto aprobado por el Congreso local —con un presupuesto de 2 mil 900 millones de pesos— busca centralizar las dependencias, evitar duplicidades, reducir costos operativos y, sobre todo, cortar de tajo la sangría presupuestal provocada por los contratos de arrendamiento a particulares. En otras palabras: dejar de financiar privilegios heredados.
Además del ahorro a mediano plazo, esta reconfiguración permitiría simplificar trámites, generar mayor eficiencia administrativa y mejorar el acceso ciudadano a servicios gubernamentales. Tener concentradas más dependencias en un solo punto no solo representa una mejora logística: puede ser la base de una mejor gobernanza.
Las críticas, sin embargo, no se han hecho esperar. Algunas provienen de voces legítimas que cuestionan el momento económico para realizar una inversión de esta magnitud. Otras, en cambio, tienen un interés más evidente: dejarán de recibir rentas que por años fueron una fuente segura de ingresos públicos canalizados a bolsillos privados.
Es cierto que todo gasto de esta magnitud debe observarse con lupa y exigirse total transparencia en su ejecución. Pero también es justo reconocer que, por primera vez en mucho tiempo, un gobierno estatal plantea una política patrimonial de largo aliento, que deja de alimentar la dependencia y apuesta por construir autonomía financiera.
Al final, no se trata solo de ladrillos ni de metros cuadrados. Se trata de cortar con una lógica de renta eterna a favor de grupos de poder, y de recordar —como bien lo dicta el nuevo régimen— que el pueblo es primero.
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Off the Récord
Mientras en Hidalgo algunos pobladores siguen pidiendo la liberación de los alcaldes implicados en la Estafa Siniestra, a Jessica Blancas se le vio muy quitada de la pena presumiendo en redes sociales su graduación del Lone Star College de Texas.
La escena no solo resulta contradictoria, sino ofensiva para los hidalguenses que exigen justicia. La imagen de una exfuncionaria señalada, celebrando logros académicos en el extranjero mientras aquí el desfalco sigue impune, no es solo una provocación: es una burla.
mho
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