A más de un año del feminicidio de Lilian Escudero Fernández, joven estudiante de 20 años de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), ocurrido el 22 de enero de 2024 en una vivienda de la colonia Carros, en Ciudad Sahagún, el caso continúa generando controversia y exigencias de justicia por las partes involucradas.
El cuerpo de Lilian fue encontrado en el baño de la vivienda que rentaba a Juan Pablo “N”, docente de la Universidad Politécnica de Pachuca (UPP). En un principio, las autoridades investigaron el caso como un posible suicidio, ya que el hallazgo se dio tras un reporte de olor a gas. Sin embargo, el informe forense reveló signos de asfixia y violencia física, lo que llevó a reclasificar el caso como feminicidio. Desde entonces, Juan Pablo “N” ha estado detenido en el Centro de Reinserción Social (CERESO) de Apan.
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La semana pasada, familiares y amigos del imputado se manifestaron frente a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), para exigir un juicio justo y denunciar presuntas irregularidades en el proceso legal, señalando que no se trató de un feminicidio y que, además, “no hay pruebas” de ese delito.
En entrevista con La Jornada Hidalgo, un amigo cercano del acusado, expresó su preocupación por lo que consideran una falta de imparcialidad en la actuación judicial.
“El juicio ya está en la fase de debate oral. Desafortunadamente, sentimos que desde el inicio ha habido una narrativa inclinada hacia la víctima. No estamos pidiendo impunidad, solo que se respeten los derechos del acusado y se considere toda la evidencia con objetividad”, afirmó.
El testimonio señaló que durante el proceso se han documentado supuestas anomalías, como la violación de sellos de seguridad en la vivienda, la manipulación del cuerpo por múltiples personas antes de que llegaran los peritos, y versiones contradictorias en los informes periciales.
“Primero dijeron que la asfixia fue con las manos, luego con el antebrazo, después con una toalla, sin embargo las huellas dactilares no han coincidido con las del acusado. ¿Cómo es posible que haya tantas versiones?”, cuestionó.
También denunció que se desestimó una solicitud de nulidad del proceso por presuntas violaciones en la cadena de custodia y que incluso se recomendó al imputado cambiar de defensa legal, bajo el argumento de que su abogada no contaba con los conocimientos necesarios. “No somos abogados, pero como ciudadanos tenemos derecho a dudar cuando no se responde con claridad a irregularidades tan evidentes”, señaló.
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Afirmó que el acusado fue hospitalizado por intoxicación con gas tras el suceso, y fue vinculado a proceso el 1 de febrero de 2024, fecha desde la cual permanece en prisión.
“Llevamos más de un año en este proceso. Solo pedimos imparcialidad. Si se demuestra que es culpable, que se actúe conforme a la ley, pero si no, también exigimos que se reconozca cualquier posible error”, expresó.
La próxima audiencia en los juzgados de Apan está programada para el 19 de mayo de 2025. Los familiares del imputado reiteraron que su objetivo no es obstaculizar la justicia, sino asegurar que el proceso sea transparente, legal y respetuoso de los derechos de todas las partes.
Por: Dulce Castillo
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