Hace unos días el ayuntamiento de Singuilucan anunció la parálisis de sus funciones de gobierno, algo pocas veces visto y una muestra de hasta dónde puede llegar el daño que provoca la negligencia y la corrupción en el nivel más débil de la administración pública.
Fue la alcaldesa del citado municipio, Yazmín Dávila López, quien el pasado 22 de abril anunció, en conferencia de prensa, que serían embargadas todas las cuentas del municipio, algunas escrituras, el terreno del nuevo panteón, terrenos destinados a áreas verdes, la plaza principal, el auditorio, la presidencia municipal, la capilla de San Joaquín, y hasta una fosa séptica de la comunidad de Alfajayucan.
La causa de tal situación fue una demanda interpuesta por un grupo de extrabajadores que reclaman el pago de 21 millones de pesos por conceptos de sueldos caídos y otras prestaciones.
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El triunfo de los trabajadores paradójicamente llevó a la quiebra del ayuntamiento, dejando como víctimas a los habitantes del municipio, que por unos días padecieron la falta de servicios básicos como recolección de basura o la atención para hacer sus trámites.
La mala noticia es que no se trata de una anomalía. A principios de esta misma semana el gobernador, Julio Menchaca Salazar, reveló que la deuda por pago de laudos en municipios y órganos desconcentrados suma 500 millones de pesos. Y aunque el gobierno del estado no está para salvar a las alcaldías, el mandatario informó que la Secretaría de Hacienda estatal estudia “esquemas de financiamiento” para sortear semejante entuerto.
Ante esta nueva crisis, es necesario preguntarse qué ocurre en las alcaldías para que estén en problemas financieros de manera recurrente. Porque en esta ocasión el problema es por los laudos que se acumularon como bola de nieve, pero también ha sido la falta de dinero para pagar aguinaldos, o las deudas impagables con la Comisión Federal de Electricidad.
Entre los males que arrastran los municipios se encuentra su alta dependencia a las transferencias federales y estatales, lo que reduce los incentivos para rendir cuentas a su población, pues su recaudación es casi nula.
Tampoco ayuda la tardanza de las auditorías externas, tanto la que lleva a cabo la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo como su similar federal. Por otra parte, la participación ciudadana es muy limitada en cuanto a la vigilancia del gasto.
La duración de las administraciones municipales es otro factor que condiciona la rendición de cuentas. En tres años, lo que hacen los funcionarios locales es experimentar, y medio aprender sobre la marcha. Y los políticos que llegan al poder priorizan el gasto para obras de relumbrón o lo destinan para los rubros que les permiten mantener a sus clientelas. Muy poco o nada se va para obras que tengan beneficios para el largo plazo.
Suena a lugar común, pero, así como están diseñados los municipios no funcionan. Y a nadie parece importarle, excepto cuando se llegan a extremos como lo ocurrido en Singuilucan.
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