El diputado local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Marco Antonio Mendoza Bustamante, presentó una iniciativa para ampliar las facultades y obligaciones de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia.
En su intervención, el priista precisó que por la trascendencia de las facultades de dicha procuraduría es urgente descentralizarla, ya que no en todos los municipio se cuenta con la posibilidad de tener acceso a los servicios y protección que brinda, por lo que se deben establecer las representaciones que se considere necesarias en las diversas regiones y municipios de la entidad.
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“Si bien se cuenta con el apoyo y respaldo de los Sistemas DIF Municipales, la intención es que la Procuraduría pueda tener acceso al mayor número de población infantil hidalguense que se encuentre en riesgo o este enfrentando actos de violencia que atenten con su desarrollo; asimismo, que cuenten con un representante que pueda acudir al órgano jurisdiccional a hacer valer sus derechos”, explicó.
La reforma a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Hidalgo establece que la procuraduría de protección a infancias deberá establecer y mantener una coordinación adecuada con las agencias del Ministerio Público, así como con las autoridades de seguridad pública del estado y los municipios, para lograr, cuando sea necesario, su intervención oportuna y brindar atención a menores que resulten víctimas de violencia familiar.
De igual manera, elaborar programas tendientes a prevenir, detectar y atender la violencia familiar, escolar y comunitaria; instrumentar mecanismos, acciones legales y campañas de información necesarias para prevenir el castigo corporal.
Asimismo, impulsar la creación de procuradurías en cada municipio del estado, con especialistas en las áreas de medicina, adopción, psicología y psiquiatría, jurídica, medios alternos de solución de controversias y trabajo social.
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También, el diputado propuso que las procuradurías reciban y atiendan todo tipo de reporte de las autoridades educativas acerca de situaciones que se presuman afectan el desarrollo educativo del menor; realizar visitas de supervisión a las instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil que albergue o brinden cuidados alternativos o atiendan a niñas, niños y adolescentes.
Así como emitir recomendaciones a los servidores públicos o autoridades responsables de la restricción o vulneración de derechos de infantes para exhortarlos a respetarlos y, en su caso, restituirlos en el goce de sus derechos.
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